Derecho a la vivienda

Ley de vivienda: el Gobierno espera sacarla adelante en estos días, ¿de qué se trata?

El presidente del Gobierno de España se ha mostrado confiado en que la Ley de Vivienda se aprobará en las próximas semanas.

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La nueva ley de vivienda 2023 es un proyecto impulsado por el ejecutivo para generar "orden en el sector de la vivienda". La norma refuerza el quinto pilar del Estado del Bienestar, favorece el acceso a la vivienda a precios asequibles, protege de las situaciones de vulnerabilidad y combate la especulación inmobiliaria. 

 En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su voluntad política para aprobar la primera ley estatal de vivienda de la democracia es "total" y que espera llegar a un acuerdo con sus socios parlamentarios para sacarla adelante "antes de que termine esta legislatura".

"La voluntad política existe, es total, es diáfana, pero no tenemos 176 escaños, sino 153, y tenemos que hablar con otros grupos parlamentarios y espero que antes de que termine esta legislatura podamos alumbrar entre todos una ley muy importante sobre todo para los jóvenes de nuestro país", ha afirmado en la sesión de control del Senado, según informa Agencia EFE

Las claves de la Ley de Vivienda

En líneas generales, con esta normativa, el gobierno prevé diferenciar las zonas de acuerdo al parámetro de "áreas tensionadas", que deberá ser solicitada por las Comunidades Autónomas en función de la evolución de los precios de alquileres en los últimos años, por encima de lo considerado "razonable".

Estas áreas podrían ser un barrio, un distrito, un municipio o una comunidad entera. Para ser "tensionadas", las áreas deberán haber contado con precios medios de arrendamiento que hayan crecido más de 5 puntos por encima del índice de precios al consumidor. Además, el importe debe representar más del 30% de los ingresos por hogar.

Para esas zonas, se diferenciará entre quien sea el propietario, si particulares o empresas con más de 10 viviendas (denominados como "grandes propietarios").

Por otra parte, en el caso de los particulares, se impulsarán medidas fiscales, mientras que para las empresas habrá topes de precios. El inquilino podrá exigir una prórroga forzosa del contrato.

Si se trata de un dueño "gran propietario", el precio de la renta mensual se definirá en base a un índice de precios de alquiler, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Si se trata de un particular, el precio seguirá siendo libre, acordado por las partes y los propietarios tendrán incentivos fiscales para no aumentar.

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Ley de vivienda: la expectativa de Sánchez por su aprobación 

El presidente del Gobierno reafirmó su compromiso para impulsar una ley de vivienda "ambiciosa" y "transformadora" que sirva para "regular los alquileres y el mercado" y que sitúe el derecho a una vivienda digna y adecuada "por delante de los intereses financieros de los de siempre".

Sus declaraciones surgen como contestación a la senadora de ERC, Mirella Cortés, que le ha acusado de no tener voluntad política. 

Cortés ha pedido además explicaciones a Sánchez por la "falta de transparencia y control" del Gobierno sobre la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y le ha exigido en especial que sea transparente con las "operaciones especulativas que realizó en Lleida con la venta de terrenos a empresas con vinculación en paraísos fiscales".

Según informó Agencia EFE, la senadora también ha denunciado que no hay forma de saber qué activos tiene esta entidad y ha recordado que incluso la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo recientemente que ni los ministerios ni el Gobierno tienen esa información.

Tras criticar que esos inmuebles no formen parte de un parque de vivienda pública, ha lamentado que la Sareb "priorice el beneficio económico" y que sea una entidad en la que "las puertas giratorias están a la orden del día" con un "concubinato indisimulado con los fondos buitres".

Es así que Sánchez le ha replicado que la Sareb es la "respuesta fracasada de un gobierno d derechas a la anterior crisis financiera" y una "herencia envenenada" que recibió de la administración del PP, con 35.000 millones de euros de deuda.

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Tras recordar que el Estado tomó su control en 2021, ha recalcado que desde entonces sus dos grandes objetivo son "impulsar un parque público de vivienda para alquiler asequible y potenciar la venta de activos para rebajar la mayor cantidad de deuda pública posible".

Fuente: Agencia EFE.

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