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Una conductora municipal asturiana consiguió incapacidad permanente total tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, fechada el 23 de septiembre de 2025.
El fallo reconoció “pensión vitalicia equivalente al 75% de su base reguladora, fijada en 2500,42 euros mensuales”. La resolución revocó al INSS y al Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo.
La trabajadora había estado 545 días en incapacidad temporal. El INSS concluyó que “las lesiones que padece no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”. El juzgado entendió luego que la dolencia “se encontraba en tratamiento” y no era crónica. El TSJ consideró lo contrario.
El tribunal apreció “persistencia de la enfermedad” y “falta de mejoría pese a la terapia recibida”. También valoró la recomendación médica de “no conducir vehículos” mientras tomaba antidepresivos y ansiolíticos “a dosis altas”.
Por qué la conducción profesional exige condiciones estrictas según el TSJ de Asturias
Durante el proceso, se acreditó tratamiento por “trastorno ansioso-depresivo, consumo perjudicial de alcohol y cannabis, problema social y trastorno de personalidad”. La sentencia señaló que la conducción profesional requiere “un perfecto estado psicofísico para su desempeño en condiciones de seguridad propia y de terceros”.
El tribunal afirmó que la empleada “no está habilitada para la realización de las fundamentales tareas de la misma”. Esa frase resultó decisiva. El puesto exigía plena capacidad psicofísica.
El fallo también precisó que la incapacidad permanente total no impide trabajar en otros empleos sin riesgo asociado a la conducción. El objetivo es proteger la seguridad vial.
Fechas clave del proceso que definieron la prestación
Febrero de 2022 marcó el inicio de baja médica por enfermedad común. En agosto de 2023 se agotaron los 545 días y se abrió el expediente de incapacidad. El INSS denegó la solicitud por insuficiencia de limitación funcional.
La primera instancia desestimó la demanda. El 23 de septiembre de 2025, el TSJ de Asturias reconoció la incapacidad permanente total.
Este recorrido muestra que, tras agotar la incapacidad temporal, se valora permanencia. El derecho consolidado se fijó en el 75% de la base reguladora de 2500,42 euros.
Cómo es el procedimiento para reclamar ante Seguridad Social e INSS
El proceso empieza con la baja médica. Al terminar la incapacidad temporal, el INSS valora si procede incapacidad permanente. Si la resolución es negativa, se presenta reclamación previa.
Si la administración mantiene el rechazo, puede demandarse ante el Juzgado de lo Social. Si este desestima, como ocurrió aquí, cabe recurso de suplicación ante el TSJ.
Todavía es posible interponer recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. El objetivo final consiste en acreditar limitación funcional para el puesto habitual.
