La confrontación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por el modelo sanitario ha dado un nuevo paso. El Ejecutivo regional ha advertido que, si se aprueba el anteproyecto para priorizar la gestión pública de la sanidad, acudirá a los tribunales por considerar que invade competencias autonómicas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, busca limitar la gestión indirecta y reforzar el control público en el Sistema Nacional de Salud. La respuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso no se ha hecho esperar y abre un nuevo frente político y jurídico. El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, fue tajante tras el Consejo de Gobierno. Si el texto sale adelante, “tendría su correspondiente respuesta en los tribunales” por parte de la Comunidad de Madrid. La razón, según explicó, es que la norma supondría una invasión de las “competencias exclusivas” de la región. Desde el Ejecutivo autonómico también ponen en duda que el proyecto pueda superar el trámite parlamentario. García Martín señaló que el Gobierno está en minoría y que la ley afectaría a territorios como Cataluña, donde existe una “dependencia muy alta de hospitales de gestión privada”. Madrid defiende su modelo mixto. La comunidad cuenta con cinco hospitales de titularidad pública concesionados a operadores privados, en su mayoría gestionados por Quirón, un sistema que el portavoz calificó de “éxito” y que, a su juicio, permite “prestar la mejor sanidad a los ciudadanos”. El anteproyecto define la gestión directa como fórmula prioritaria y limita la gestión indirecta a supuestos excepcionales. Solo se permitiría cuando no sea posible la prestación directa y siempre que se garantice sostenibilidad financiera, eficiencia y estándares de calidad y accesibilidad. Los conciertos y contratos actuales seguirían vigentes hasta su vencimiento, pero las nuevas adjudicaciones quedarían bajo el nuevo marco legal. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que la norma busca frenar prácticas “obscenas” y “mercantiles” en algunos modelos público-privados. En declaraciones recogidas por EFE, acusó a la Comunidad de Madrid de “olvidar” cobrar a empresas privadas el dinero correspondiente por pacientes atendidos en la sanidad pública. García fue aún más contundente. Aseguró que quiere acabar con “esa colaboración público privada que es depredadora de nuestro sistema sanitario” y afirmó que pretende terminar con “el chollo que tiene la señora Ayuso”. Según la ministra, parte del presupuesto sanitario madrileño “se va por el sumidero de las empresas privadas”. La propuesta ha sido recibida de forma positiva por parte de organizaciones sociales y sindicales. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que la prioridad de la gestión directa y el reconocimiento de los efectos negativos de la gestión privada con ánimo de lucro “marcan un punto de inflexión”. Desde CC.OO. subrayan que el anteproyecto supone “un cambio de orientación relevante tras décadas de expansión de la gestión privada en el sistema sanitario”. No obstante, reclaman que el texto concrete mejor los supuestos excepcionales y garantice estabilidad laboral para evitar precariedad en el empleo sanitario. Las asociaciones hablan incluso de una “oportunidad histórica para recuperar el sentido original de la sanidad pública en España basada en un sistema universal, de calidad y financiado con recursos públicos”. El debate, por tanto, no solo es jurídico o político. También es ideológico y estructural. Con el anteproyecto aún en tramitación, el choque entre Madrid y el Ministerio anticipa un conflicto que puede acabar en el Tribunal Constitucional si la ley prospera. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de la gestión pública de la sanidad vuelve a ocupar el centro del escenario político nacional.