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La seguridad vial en Europa está cada vez más armonizada. Los Estados miembros pueden introducir mejoras técnicas, pero deben respetar los mecanismos de notificación comunitarios para evitar barreras dentro del mercado único. Cuando ese equilibrio se rompe, Bruselas interviene.
Eso es lo que ahora ocurre con la baliza V-16, el dispositivo luminoso que desde el 1 de enero de 2026 sustituye en España a los triángulos de emergencia como señal obligatoria para señalizar una detención.
La Unión Europea ha advertido de que la norma española que la hace obligatoria podría incumplir la Directiva 2015/1535, que obliga a notificar previamente cualquier reglamentación técnica que afecte al mercado interior, según recoge la Comisión Europea en su procedimiento de información sobre reglamentaciones técnicas.
La V-16 obligatoria en España bajo el foco de la Comisión Europea
La V-16 fue incorporada al ordenamiento español a través del Real Decreto 159/2021, que modificó el Reglamento General de Vehículos y fijó su sustitución definitiva de los triángulos a partir de 2026. El texto puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado. Esta medida fue impulsada por la DGT con el argumento de reducir atropellos al evitar que el conductor tenga que bajar del vehículo.
El problema no está en la finalidad de la medida, sino en el procedimiento. La Directiva europea exige que los Estados comuniquen a Bruselas cualquier proyecto normativo que pueda suponer una restricción técnica al mercado. Sin embargo, España no habría realizado esa notificación en plazo.
La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción conforme al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea si considera que se ha vulnerado el Derecho comunitario. Ese procedimiento comienza con una carta de emplazamiento y puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE si no hay rectificación.
Qué implica este choque legal para los conductores y las multas
Desde enero de 2026, todos los vehículos matriculados en España deben llevar una baliza V-16 conectada con geolocalización integrada en la plataforma DGT 3.0, según la información oficial de la Dirección General de Tráfico. No llevarla o utilizar un modelo no homologado puede conllevar sanciones económicas.
Si Bruselas concluyera que la norma vulnera el procedimiento europeo, los tribunales nacionales podrían verse obligados a inaplicar la disposición técnica no notificada correctamente. Esta posibilidad deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre reglamentaciones técnicas no comunicadas conforme a la Directiva 2015/1535.
Eso no significa que mañana deje de ser obligatoria la V-16. Significa que se abre un escenario jurídico incierto. La clave está en si el Gobierno español decide regularizar la situación mediante una nueva notificación o si la Comisión formaliza el procedimiento de infracción.
Seguridad vial frente a mercado único europeo
La DGT defendió la implantación de la V-16 como una mejora directa en la protección del conductor. Según datos oficiales, los atropellos al colocar los triángulos eran uno de los riesgos más graves en vías rápidas. La luz luminosa permite señalizar la incidencia desde el interior del vehículo y enviar automáticamente la ubicación a los servicios de tráfico.
Sin embargo, el Derecho comunitario no cuestiona el objetivo de seguridad. Lo que protege es la coherencia del mercado único. Si un país impone un dispositivo técnico obligatorio sin el proceso de comunicación previa, puede generar una barrera indirecta a fabricantes de otros Estados miembros. Esa es la base del conflicto.
El debate ya ha llegado al plano político. El Ministerio del Interior deberá aclarar si hubo notificación formal y cómo piensa responder a la advertencia europea. Mientras tanto, los conductores siguen obligados a cumplir la normativa vigente en España. La incógnita es si la Unión Europea forzará una rectificación que cambie el futuro de la polémica baliza V-16 en las carreteras españolas.