Acceso a la vivienda: esta es la alarmante cantidad de españoles que no puede pagar el alquiler o la hipoteca
Según un informe elaborado por "Save the Children", 4 de cada 10 hogares con hijos o hijas a cargo son afectados por el aumento en el precio de las viviendas.
El aumento en el precio de la vivienda supone una sobrecarga económica a las familias con niños pequeños. Concretamente, el 8,4 % de estos hogares no puede pagar a tiempo su hipoteca o alquiler, el doble que la media de la UE, mientras se estima que entre el 70 y el 80% de las familias que sufren un desahucio tienen hijos a su cargo.
El informe "Aquí no hay quien viva", elaborado por Save the Children, analiza las dificultades que tienen las familias para pagar una vivienda y revela que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca -un 6,5 %-, sólo por detrás de Grecia e Irlanda, y por encima de la media europea (3,2 %).
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El aumento en el precio de la vivienda afecta a 4 de cada 10 hogares con hijos o hijas a cargo que viven de alquiler y que tienen que destinar al menos el 30 % de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades.
Las familias con niños pequeños son las que más sufren esta sobrecarga y, de hecho, se estima que entre el 70 % y el 80 % de los desahucios -casi 700.000 en España desde 2008- afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.
Se trata de una cifra "muy abultada y anómala en el contexto de la UE", que supone la representación "más extrema de la exclusión residencial", según ha asegurado durante la presentación del informe el director de esta ONG, Andrés Conde, que ha recordado que desde 2019, la presencia de niños en la vivienda es motivo de suspensión del desahucio.
Dos de cada diez menores viven en casas insalubres
Pero además, Save the Children advierte de que dos de cada diez niños y adolescentes -el 21,4 %- viven en casas insalubres, que presentan goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo.
El informe señala que el 7,2 % de los hogares no reúne las condiciones mínimas para garantizar la salubridad; 2 de cada 10 menores viven en lugares con contaminación acústica; casi 1 de cada 10 niños y niñas viven en hogares hacinados en Ceuta, Melilla y Cataluña y el 13,1 % de los menores en España vive en un hogar que no puede mantener su casa a una temperatura adecuada.
Una situación que, según recuerda Conde, "repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y a su seguridad".
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El perfil mayoritario: madres solas con hijos a cargo
Según Save the Children, el rostro de una familia que pasa dificultades para mantener su casa es el de una madre sola con hijos a cargo.
En este sentido, recuerda que en España hay 158.000 hogares monoparentales de alquiler -en su mayoría, encabezados por mujeres- que soportan una carga "a menudo inasumible". De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían destinar si establecemos el umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda (sin contabilizar suministros).
Con este panorama, la ONG señala que una ayuda complementaria de hasta 200 euros podría aliviar la carga que les supone la vivienda a todas ellas. Para asumirlo, sería necesario un presupuesto anual de 380 millones de euros aproximadamente.
Más vivienda pública y ayudas directas
Para mejorar esta situación, Save the Children pide un aumento de la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a familias con menores en situación de vulnerabilidad y automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias perceptoras del IMV, rentas mínimas o similares.
Recomienda apostar por la compra o la rehabilitación para ampliar la oferta pública de vivienda, garantizar la calificación indefinida de las viviendas públicas, o promover alianzas entre el sector público y el privado que beneficien a las familias con menores ingresos.
También reclama bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación de viviendas y mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales.
Además, subraya que cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, el informe de vulnerabilidad debe ser obligatorio y no optativo, para que sea tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión que les afecte.
Fuente: EFE
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