El 22 de febrero de 2012 marcó un límite para el kirchnerismo. Endulzada tras el 54% en las elecciones de octubre de 2011, la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández sufrió un impacto del que nunca se pudo recuperar cuando se conoció la noticia del choque de un tren del ex ferrocarril Sarmiento en Once, que provocó la muerte de 51 personas. Aún hoy se le endilga a CFK no haberse expresado sobre la tragedia en esas primeras horas y se recuerda que, como respuesta electoral, en las legislativas de 2013 el kirchnerismo perdió los comicios en los 16 distritos de la zona oeste del conurbano y de Capital Federal que recorre el tren.


Tres meses después del choque, el Gobierno decidió rescindir las concesiones que TBA tenía en las líneas Mitre y Sarmiento y estatizar ambos servicios. En la primera semana de junio se resolvió por decreto transferir el área de Transporte del Ministerio de Planificación al Ministerio del Interior, en un intento por proteger a Julio De Vido y, a la vez, potenciar a Florencio Randazzo. Ambas premisas se cumplieron con el tiempo, ya que Randazzo se consolidó como un hombre de gestión que coqueteó hasta mediados de este año con la presidencia y De Vido fue marginado del juicio que culminó ayer.


Hasta ese verano en el que se produjo la tragedia, TBA era dueña -desde mediados de los 90- de los dos servicios que más gente transportaban en ferrocarriles diariamente y recibía, de parte del Estado, $ 77 millones mensuales. En un informe posterior de la AGN, que analizó el servicio ferroviario de 2002 a 2012, se advirtió que durante ese período el órgano de control emitió 25 informes de gestión sobre el funcionamiento del sector que arrojaron una situación "alarmante" a raíz de "la ausencia de mantenimiento, desde vías con alto deterioro hasta pasos a nivel sin barreras, o material rodante obsoleto". En el medio, se acumulaban las denuncias de corrupción contra los Cirigliano y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, algunas de las cuales ya tuvieron su veredicto en la Justicia.


Con la llegada de Randazzo, el Gobierno intentó lavarle la cara al sector. A mediados de 2014, junto con Cristina, el ministro presentó en sociedad las nuevas formaciones del Sarmiento, adquiridas a China por u$s 285 millones. Más allá de un siniestro en Castelar en julio de 2013 que causó tres muertes, la gestión de Randazzo fue valorada, aunque los familiares de las víctimas de Once consideraron que el ministro buscó utilizarlos para resaltar sus logros.


Según datos de la Secretaría de Transporte, hasta octubre de 2015, el aporte impositivo de los argentinos para el mantenimiento del ferrocarril Sarmiento asciende a $ 1860 millones, que se destinan a inversiones en infraestructura y a pagar los sueldos de 3547 empleados.


Sin embargo, la denominada "revolución ferroviaria" que condujo Randazzo no logró evitar que la imagen de Cristina se debilitara y que, tres años después, el kirchnerismo dejara el poder. Las secuelas de aquella trágica mañana en Once continuarán aún después del juicio.