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La discusión sobre el marco laboral volvió a ocupar el centro de la agenda pública. En la Argentina, el debate sobre cómo crear empleo formal, reducir la litigiosidad y adaptar las reglas del trabajo a nuevas modalidades se reactivó cíclicamente en las últimas décadas, lo que incluyó diversas transformaciones que, con idas y vueltas, han tenido a flexibilizar las relaciones laborales. Ahora, el Gobierno retomó esa pulseada con el envío al Senado del proyecto de modernización laboral, que nació como uno de los capítulos centrales del programa económico oficial. En paralelo, las centrales sindicales activaron un calendario de protestas —la CGT ya convocó a movilizarse el 18 de diciembre y ATE evaluó un paro nacional— y la oposición peronista predijo una batalla “en el Congreso, en la Justicia y en las calles”.
En ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó una serie de mensajes en los que buscó ordenar el debate público y explicar los lineamientos principales del proyecto. “Tenemos un problema claro: Argentina tiene casi la mitad de sus trabajadores en la informalidad y no creamos empleo formal hace una década. ¿Los más perjudicados? PYMES y jóvenes”, sostuvo. Y remarcó que el mandato presidencial fue “producir un proyecto que estimule el empleo formal en el entendimiento de que un contexto que crea condiciones para la contratación es uno donde tanto empleadores como trabajadores ganan”.
Cuatro pilares: empleo, salario, litigiosidad y costos
Sturzenegger explicó que el proyecto puede agruparse en torno a cuatro ejes: crear empleo, subir salarios, bajar la litigiosidad y reducir los costos fiscales del trabajo. Según el ministro, la reforma apunta a “más trabajo formal, menos litigio, más previsibilidad y menos cargas sobre la relación laboral”, sin modificar derechos como indemnización, aguinaldo, vacaciones o jornada de ocho horas.
El primer pilar se concentra en las condiciones para crear empleo formal. El texto oficial propone actualizar convenios colectivos antiguos —lo que en los debates gremiales se denomina la caída de la ultraactividad— y modificar la prelación, habilitando que convenios más acotados tengan prioridad frente a acuerdos generales. Además, se facilita la constitución de sindicatos de empresa, una medida que el Gobierno asocia a una mayor “federalización” y cercanía entre representación gremial y trabajadores.
El ministro también puso el foco en incentivos fiscales para nuevas contrataciones y en un esquema para blanquear trabajadores, junto con la incorporación de un marco específico para trabajadores de plataformas, un segmento que operaba en condiciones legales difusas.
El Fondo de Asistencia Laboral y los cambios para mejorar ingresos
El segundo eje apunta a mejorar la relación entre salario y cargas. El proyecto incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema de ahorro previo destinado a cubrir distintos rubros indemnizatorios. Sturzenegger señaló que busca bajar la carga fiscal sobre el salario mediante una reducción de aportes y contribuciones, sumada a rebajas vinculadas a las obras sociales. El ministro afirmó que la revisión de convenios por la caída de la ultraactividad obligará también a actualizar ítems que hoy encarecen las relaciones laborales.
El FAL funcionará con un aporte del 3% mensual que reemplazará parte de las contribuciones al SIPA y permitirá financiar indemnizaciones, manteniendo la regla de un sueldo por año trabajado. Se trata del apartado más estructural del proyecto, ya que reconfigura el esquema de extinción laboral con un mecanismo acumulativo de alcance general.
Seguridad jurídica y menor litigiosidad
En el tercer pilar, el ministro destacó cambios que, según su visión, buscan reducir conflictos judiciales. “El viejo principio de ‘duda a favor del trabajador’ dejó de ser un salvoconducto para interpretaciones creativas”, afirmó, al explicar que ese criterio aplicará solo frente a “dudas razonables de derecho”.
Además, se precisan los alcances de la responsabilidad solidaria entre empresas, se define qué conceptos integran el salario y se establecen parámetros claros para calcular indemnizaciones. El proyecto incorpora también un baremo específico para discapacidades, modifica el régimen de honorarios profesionales y fija una tasa de actualización unificada para juicios laborales con el fin de evitar “sorpresas judiciales”.
Una novedad relevante es la transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad y la digitalización completa de la documentación a través de ARCA, el nuevo registro laboral, que centralizará libros, recibos, denuncias y certificados.
Costos fiscales y beneficios a la producción
El cuarto pilar se enfoca en aliviar la carga impositiva. Sturzenegger señaló que el proyecto incluye una baja del impuesto a las ganancias corporativas, la actualización de quebrantos impositivos y un programa de incentivos a inversiones medianas con amortización acelerada y devolución de IVA. En paralelo, se suman beneficios fiscales para empresas que cumplan con los aportes al FAL y para quienes generen nuevos empleos registrados.
La iniciativa incorpora también modificaciones en leyes especiales —casas particulares, agrarios, trabajo a domicilio— y redefine servicios esenciales para garantizar guardias mínimas. Entre las sanciones, se tipifican como infracciones graves los bloqueos, daños o amenazas durante conflictos sindicales, con penalidades que pueden llegar, en casos extremos, a la quita de personería.
Una reforma integral en debate político
El proyecto ingresó al Senado en medio de una fuerte reacción sindical. La CGT anunció una movilización “contundente”, mientras que ATE exigió a los senadores peronistas frenar la iniciativa. Aunque la versión final dejó afuera medidas más disruptivas que circularon en borradores —como el banco de horas, la flexibilización horaria plena o la eliminación de cuotas sindicales obligatorias—, mantiene elementos centrales para el plan laboral del Gobierno: un sistema digital unificado, incentivos a la contratación formal, un nuevo esquema de indemnizaciones y una reestructuración del sistema de conflictos.
Sturzenegger sintetizó el espíritu de la reforma en uno de sus mensajes: “Pasamos de un sistema que castiga al que contrata y premia la litigiosidad, a uno que acompaña al que invierte, formaliza y capacita”. El debate en el Congreso comenzará en los próximos días, mientras el Gobierno busca los votos para aprobarlo y las organizaciones sindicales preparan su respuesta en la calle.