El municipio de Pilar estuvo en el centro del debate en los últimos días. El motivo detrás de ello estuvo vinculado a un reciente aumento de la Tasa de Protección Ambiental, cuya alícuota pasó a ser del 2%.
El cambio impositivo, que se introdujo en la Ordenanza Fiscal 2026; artículo 66° del “Capítulo XXV - Tasa de Protección Ambiental”, impacta de lleno en el precio de cada ticket -dentro del partido- que emitan los supermercados, hipermercados, centros comerciales, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas.
“La presente ordenanza tendrá vigencia a partir del 1 de diciembre de 2025″, señala el artículo 342 del “Capítulo XXVIII - Disposiciones Complementarias”.
La noticia llegó inmediatamente a los despachos del Ministerio de Economía. “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente [Fernando Achával]”, sugirió Luis Caputo en una publicación en su cuenta de X.
En concreto, ¿qué es lo que cambió? La Ordenanza Fiscal 2026 estableció que la base imponible pasará a ser el importe total de la operación, neto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una alícuota del 2%. Es decir, a partir de ahora, cada compra se encarecerá un dos por ciento.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) fue la primera en manifestar su rechazo a la medida implementada por el intendente Fernando Achával, poniendo el foco en la “competencia desleal”. A raíz de lo acontecido en Pilar, ASU envió una carta a la secretaria de Hacienda del municipio, Anahí Moretti, solicitando una audiencia “urgente”.
“El recargo impacta especialmente en la venta de productos de alto valor, como electrodomésticos, y genera una ‘situación de desventaja competitiva’”, dice un fragmento del comunicado.
Y remarca: “El recargo es más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias”.
A la ola de críticas también se sumó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En un duro comunicado, expuso una problemática que, por lo pronto, se expandió “en silencio”: el incremento de la presión impositiva en diversas jurisdicciones subnacionales.
“Si bien en días recientes cobró notoriedad pública la desmesurada “Tasa de Protección Ambiental” dispuesta por el Municipio de Pilar—que en algunos casos alcanza al 2% de la facturación de los comercios—, debe advertirse que la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido, que perjudica la actividad económica a lo largo y a lo ancho de la Argentina", resaltó la CAC.
Desde la asociación civil enfatizaron, además, en que “el crecimiento desproporcionado del gasto público llevó a los gobiernos a buscar permanentemente nuevos ingresos para financiarlo, recargando las exhaustas espaldas del sector privado con múltiples tributos”.
Y, tal como mencionan en el comunicado, la realidad es que la implementación de estas tasas por parte de los municipios, algo que para los tributaristas no es más que “un impuesto disfrazado de tasa”, no nació de la noche a la mañana.
“La CAC exhorta a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos incrementos tributarios y a revertir los recientemente dispuestos; a la par que las convoca a maximizar sus esfuerzos en materia de eficientización del gasto y combate a la evasión, a fin de permitir una progresiva reducción de la carga, en línea con lo dispuesto por el Gobierno”, se lee al final del comunicado que difundió la entidad que preside Mario Grinman.
Tasas municipales: cuántas hay y por qué perjudican a la actividad económica
A nivel nacional y subnacional, Argentina es el país con mayor presión fiscal sobre el sector formal, según un relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Hay 23 provincias que tienen municipios, comunas, entidades de fomento, municipalidades. Todos ellos con potestad fiscal para establecer tributos (generalmente tasas), que recaen sobre la actividad económica (en el caso de la tasa de comercio o de contralor, denominación dependiente del municipio) o sobre la propiedad (tasa general de inmueble o alumbrado, barrido y limpieza -ABL-), explica el abogado tributarista Daniel Ricardo García, socio de LexTax Advisory.
Asimismo, consideró que el principal cuestionamiento está puesto sobre las tasas de contralor o de comercio, fundamentalmente por “la falta o escasa prestación de servicios”, pero también por la base imponible, dado que varios municipios “buscan recaudar sobre los mismos ingresos”.
Sumado a ello, también mencionó el peso de las alícuotas sobre la actividad de una empresa (0,3%-10%). “Estas tres situaciones hacen que la conflictividad de las empresas con las tasas municipales vaya en crecimiento”, señala.
Desde el aspecto económico, García remarcó que “las tasas de comercio tienen el mismo efecto plurifásico y acumulativo” que el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esto implica, además, que la tasa ”pasa a constituir un costo del producto y se traslada a la próxima etapa económica”.
Cantidad total de tributos en Argentina
En rigor, el Instituto de Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en su vademécum tributario, expuso que en el país hay 155 tributos (impuestos, tasas, contribuciones y derechos) entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal.
En total, la lista de tributos se compone de la siguiente manera:45 dependen de Nación, 25 de las provincias y 85 de los municipios.
Desde Iaraf estiman que la recaudación de ocho tributos equivaldrá al 29,2% del Producto Bruto Interno (PBI) para todo el 2025:
- Impuesto al Valor Agregado (IVA);
- Impuesto provincial a los Ingresos Brutos;
- Contribuciones a la Seguridad Social;
- Impuesto a las Ganancias a personas jurídicas;
- Aportes personales a la Seguridad Social;
- Impuesto a las Ganancias a personas físicas;
- Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios;
- Derechos de exportación.
El punto es que si a estos ocho tributos se suman el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH), los Derechos de Importación y los impuestos internos coparticipados, se observa que el 94% de la recaudación consolidada se concentra en doce tributos, diez de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal.
Dentro de ese listado aparece la ”Tasa de Seguridad e Higiene”, un tributo que afecta a comercios e industrias y que se cobra en concepto de controles de seguridad, salubridad e higiene que presta o debe prestar un municipio.
La advertencia de la UIA sobre las tasas municipales
A fines de agosto, la Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró un informe enfocado en las tasas municipales, “un tributo invisible que pagamos todos”.
De acuerdo al documento, en Argentina las empresas industriales enfrentan una carga adicional por tasas municipales. “La mayoría no tiene contraprestación y genera doble imposición. Esto afecta de manera directa al precio de lo que consumimos”, apuntan.
Según la UIA, en cada municipio se pagan -en promedio- 1,4 tasas, mientras que en más de 30 municipios se pagan dos o más.
En el caso de las empresas industriales, cada una de ellas abona en promedio 7,4 tasas municipales, de las cuales una de cada tres se vinculan a la Tasa de Seguridad e Higiene, que representa el 1,8% del precio final de productos como alimentos.
“Argentina es el único país donde la tasa municipal es tan gravosa como el impuesto provincial. Esto incrementa la presión fiscal, reduce la competitividad y encarece los productos”, remarca el informe de los industriales.
Las consecuencias que trae este “impuesto invisible” se hallan en la dificultad a la hora de planificar, eleva los costos para la industria y afecta a los precios y las exportaciones.
