Los casos se fueron conociendo en el último año en muchas oportunidades a partir de hechos de inseguridad.
De golpe, se supo en septiembre que una oficial de la policía bonaerense había sido asesinada en un intento de robo en La Matanza mientras trabajaba en una aplicación de movilidad fuera del horario de servicio para completar sus ingresos.
“Ella es una de los tantos azules que salen a pelear a diario la situación económica, dado que sus sueldos son paupérrimos. Salió a trabajar para mantener una vida digna junto a sus dos pequeños soles sin saber que iba a ser sorprendida por la muerte. Gracias por tanto perdón por tan poco”, la despidió una usuaria de Facebook que compartía el trabajo.
En noviembre pasado, en tanto, en Luis Guillón la noticia fue que otro agente bonaerense en este caso mató a dos delincuentes en un intento de robo y el contexto fue el mismo: el hecho ocurrió mientras trabajaba en apps como Didi, Cabify o Uber. “Debería tener un salario digno y no estar haciendo eso”, escribieron en la publicación en redes del Diario El Sur de Esteban Echeverría.
Al margen de lo tenebroso de estos hechos, ambos iluminan un fenómeno que sintetiza como pocos la situación de ingresos y empleo que atraviesa la economía argentina en general y los trabajadores públicos en particular de cara a los próximos dos años del gobierno de Javier Milei.
Cada vez más efectivos de seguridad toman la misma decisión que los médicos, enfermeros y maestros, además de empleados del sector privado, de salir a manejar aplicaciones de movilidad, o como se los empieza a llamar, a convertirse en “poli Uber”.
La tendencia que está explotando en el Gran Buenos Aires todavía no tiene datos oficiales pero ya se venía registrando en los últimos años en el interior del país, donde además se daba la paradoja de que los miembros de las fuerzas de seguridad apelaban al trabajo en Uber, por ejemplo, en ciudades donde incluso la app no era legal.
En 2024, en Córdoba hubo polémica cuando a raíz otra vez de una intervención armada de un efectivo policial que disparó contra un adolescente de 16 años mientras manejaba un auto de aplicación, el Sindicato de Peones de Taxi de la provincia puso el grito en el cielo.
“Nosotros no nos ponemos un uniforme y salimos a hacer adicionales porque si lo hacemos vamos a ir presos. Ellos salen a hacer transporte ilegal”, aseguró en su momento Miguel Arias, titular del gremio. “Ahora lo único que se nos ocurre a nosotros es que salgan en un patrullero a hacer de Uber”, expresó. La jefatura policial de Córdoba de hecho tuvo que salir a ratificar que se trata de una actividad ilegal para desincentivar una tendencia cada vez más extendida.
Por otro lado, en Rosario ya había habido debate en 2023 no sólo porque había policías locales al volante de autos de apps sino también gendarmes que habían sido destinados para combatir el narcotráfico que finalmente se bajaron apps para completar su salario.
El punto es que a los policías les empezó a resultar más rentable manejar 4 o 6 horas fuera de su turno que hacer las llamadas horas adicionales de servicio como históricamente habían hecho los miembros de la fuerza para sumar un plus salarial. A groso modo: si un policía reúne entre $1 millón de salario inicial, antes si hacía 10 jornadas extra como policía le agregaba $ 500.000. Hoy con un trabajo intenso en el auto puede duplicar su sueldo, según cuentan diversos efectivos consultados que no quieren dar su nombre.
No existe información oficial sobre cuántos miembros de las fuerzas de seguridad se volcaron a las apps en todo el país. Desde Uber y Didi, por ejemplo, indicaron que no se consulta “profesión” a la hora de darse de alta como conductor pero coincidieron en la expansión de la actividad en el último lustro.
“¿Un policía o un médico deberían tener un segundo trabajo?”, se preguntaron en los comentarios de una nota de Telefé Córdoba sobre el debate sobre si debía habilitarse a los efectivos a hacer este trabajo.
Lo cierto, sin embargo, es que la propia ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y actual senadora de La Libertad Avanza, dijo que hay 500 mil trabajadores en total que alguna vez hicieron Uber y similares y otros 500 mil que se han dado de alta alguna vez en apps de delivery como Rappi o Pedidos Ya. No hay por qué no creer que entre ese universo creciente no están los que se sacan el uniforme, dejan la pistola y se suben al auto.
En el Congreso, el que puso el tema sobre la mesa es el diputado de Unión por la Patria, José Glinski, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que en una intervención este año aseguró frente al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos: “Hoy tenemos agentes de las fuerzas de seguridad que, después de cumplir su turno, se suben a un Uber, un Cabify o reparten en Rappi para poder llegar a fin de mes”.
El caso de los “poli Uber” se vuelve emblemático de esta etapa de la gestión porque resume la combinación de la caída del ingreso disponible en los hogares aún con la inflación por debajo de la que heredó el gobierno actual con la proliferación de empleos de menor calidad que permiten compensar salario y tienen su ejemplo más icónico con la economía de las plataformas.
Todo esto en un marco donde no está clara la recuperación de la actividad económica y se dan por ahora señales mixtas. El Estimador Mensual de Actividad Económica de octubre dio caída contra el mes previo, mientras que en noviembre los despachos de cemento, el Indice Construya y la producción de autos también tiene retrocesos de hasta el 20% contra octubre. FIEL, en tanto, registró en noviembre merma de 3,7% interanual de la industria y del 1,8% respecto de octubre.
El Presidente, sin embargo, celebró en redes por ejemplo que el patentamiento de autos cero kilómetros terminará 2025 casi 50% arriba respecto del año pasado, en un reflejo de que crece la penetración de unidades importadas, algunas de las cuales tal vez terminen como autos de aplicación que -quién lo sabe- tal vez termine manejando algún trabajador suspendido de una automotriz que, como un “poli Uber”, necesite completar sus ingresos.
