Con esta Ley el Gobierno se asegura la hegemonía comunicacional. Controlando la distribución del papel, controlará la línea editorial de los medios que todavía no ha podido disciplinar.
El Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo establece en sus artículos que la empresa de Papel debe satisfacer la demanda para todos los diarios del país, presentar un plan de inversiones cada tres años, que en caso de no poder cumplirlo, será el Estado quien lo lleve adelante incrementando su paquete accionario en la papelera y por otra parte, establece que se conformará una comisión que estudiará si es necesaria la importación de papel para diarios.
Esta ley tiene un espíritu expropiatorio porque impone condiciones que ninguna papelera podría cumplir y además le otorga plenos poderes al Secretario de Comercio Interior y Exterior, Guillermo Moreno, quien tendrá la última palabra en materia de importación de insumos para diarios, por lo que el gobierno controlará toda la cadena de acceso al papel prensa.
El Gobierno debe asegurar la accesibilidad del papel en iguales condiciones para todos los medios gráficos incentivando la importación de papel sin aranceles y la producción nacional de pasta celulosa para diarios garantizando la pluralidad de voces. Esta norma restrictiva no logrará esos objetivos, al contrario, ya que viola el artículo 32 de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica.
