

La Justicia suspendió el sumario administrativo que el Gobierno había impulsado en el Hospital Garrahan y que podía derivar en despidos de trabajadores.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32, en el marco de una medida cautelar solicitada por representantes sindicales del Hospital Garrahan.
En la parte resolutiva, el juez dispuso: “Admitir la medida cautelar solicitada por los actores y, por ende, disponer la suspensión cautelar del trámite del sumario administrativo ya mencionado (que tramitaría en el expediente administrativo Nº 2470/2025 del Hospital), en cuanto concierne a las personas humanas accionantes, durante el trámite del presente proceso”. La medida tiene carácter provisional y regirá mientras se sustancie la causa principal.
La decisión judicial introduce un freno a la estrategia oficial en uno de los conflictos laborales más sensibles del sistema de salud y altera el escenario de tensión que escaló en las últimas semanas.
Según anticiparon fuentes oficiales a El Cronista, las autoridades del Hospital van a apelar el fallo.
El sumario había sido presentado como parte de un proceso interno para evaluar responsabilidades en el marco de medidas gremiales y asambleas realizadas en el hospital. Desde el Ejecutivo sostuvieron que se trató de una herramienta administrativa prevista en la normativa vigente. Sin embargo, para los sindicatos y sectores del personal, la apertura del expediente constituyó un intento de disciplinamiento que habilitaba cesantías y sanciones en un contexto de protesta.
El fallo judicial dejó en suspenso esa instancia. En los hechos, bloquea cualquier avance que pudiera derivar en despidos mientras se analiza el fondo de la cuestión. La resolución se conoce en medio de una escalada del conflicto, con movilizaciones masivas en defensa del hospital y en rechazo a lo que los gremios definieron como un “ataque a la libertad sindical”.
Qué dice el fallo
En su resolución, la Justicia sostuvo que, si como alegan los actores, el sumario y su desarrollo implican “una suerte de persecución u hostigamiento a los representantes y activistas sindicales involucrados, que incluyen el adelantamiento extraoficial de la conclusión que recaerá en aquellas actuaciones”, ello constituiría “un obstáculo actual” para el ejercicio de la libertad sindical y “un peligroso antecedente claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores”.
El magistrado advirtió, además, que las manifestaciones públicas de funcionarios del Poder Ejecutivo podrían afectar la imparcialidad del proceso administrativo.
En ese sentido, señaló que los mensajes difundidos en la red social X por el entonces secretario de Comunicación, Manuel Adorni “implicarían -en principio- una amenaza o perturbación para la normal continuidad de las funciones sindicales”, y agregó que “parece bastante probable, por los términos asertivos del mensaje referido (…) que esas expresiones no resulten meramente hipotéticas (…) y que -en realidad- supongan un adelanto extraoficial de la resolución del sumario o, al menos, una circunstancia que ponga en duda la imparcialidad”.
Sobre los requisitos para dictar la cautelar, el juez afirmó que “queda configurado el recaudo de verosimilitud del derecho que condiciona la viabilidad de la medida pretendida”, mientras que el “peligro en la demora resulta de la imposibilidad o perturbación actual para el normal desarrollo de la actividad sindical derivadas de la presión que supone la sustanciación del sumario en cuestión”.
Finalmente, en la parte resolutiva, dispuso: “Admitir la medida cautelar solicitada por los actores y, por ende, disponer la suspensión cautelar del trámite del sumario administrativo ya mencionado (que tramitaría en el expediente administrativo Nº 2470/2025 del Hospital), en cuanto concierne a las personas humanas accionantes, durante el trámite del presente proceso”.
Reacción sindical
Tras conocerse la resolución, Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE, uno de los señalados en el sumario, sostuvo que el fallo “confirma lo que veníamos denunciando. Por un lado, plantea que se busca disciplinar la organización de los trabajadores. Una obviedad: el gobierno quiere venganza por el gran triunfo obtenido el año pasado, y además de eso, no quiere que vuelva a repetirse. Por otro lado, el fallo entiende que el texto de resolución fue dictado desde las oficinas del Ministerio de Salud de Lugones, siendo el anuncio de Adorni por redes sociales una vulneración absoluta de la presunción de inocencia”.
Lipcovich agregó que “esto significa un golpe para el gobierno. Nos quieren despedir y suspender para establecer un régimen totalmente represivo dentro del hospital. Quieren silenciar los múltiples reclamos que persisten: falta de personal en distintos sectores, se precariza aún más el modo de contratación de los compañeros (monotributos), y aún sigue sin cumplirse la Ley de Emergencia Pediátrica”. Además, remarcó que “el fallo proviene del fuero laboral que Milei quiere cerrar tras la votación en el Congreso”.
En la misma línea, Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan e integrante del grupo de trabajadores alcanzados por el sumario, señaló que “el fallo seguramente será apelado por los funcionarios del hospital. Si bien es un paso importante, continuamos con la campaña contra estos sumarios truchos y la persecución a los delegados y activistas. No nos van a doblegar”. Y convocó a “un gran abrazo alrededor del Garrahan este jueves a las 13 hs”, llamando a “todas las organizaciones de familiares, sindicatos y demás sectores a ser parte de esta acción”.
El Garrahan, un dolor de cabeza para el Gobierno
El caso del Garrahan representa, además, un símbolo más amplio de la disputa en torno a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El debate sobre el alcance de las asambleas en horario de trabajo, la regulación de los servicios esenciales y las eventuales sanciones a trabajadores que participen en medidas de fuerza ocupa un lugar central en la discusión pública.
En ese marco, la suspensión del sumario no solo tiene impacto administrativo, sino también político. La decisión judicial refuerza el argumento de los gremios, que sostienen que las medidas oficiales avanzaban sobre derechos adquiridos. Para el oficialismo, en cambio, el fallo implica un nuevo obstáculo en su intento de ordenar la prestación de servicios en medio de protestas.
En paralelo, el conflicto en el hospital había derivado, además, en una serie de derrotas legislativas para el Gobierno en el Congreso, con el rechazó a los vetos a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Esa tensión parlamentaria se combinó con marchas multitudinarias frente al Congreso y en distintos puntos del país, donde confluyeron trabajadores de la salud, organizaciones gremiales y sectores opositores.

El trasfondo salarial también alimentó la disputa. En el marco de las negociaciones, los trabajadores consiguieron un aumento del 61%, que fue presentado por los sindicatos como una victoria tras semanas de presión y movilización.















