Luego de la primera revisión del programa por u$s 20.000 millones que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se dieron a conocer algunos detalles sobre la reforma tributaria que podría impulsar la administración del presidente Javier Milei.
“El proyecto de Presupuesto para 2026 buscará una postura fiscal aún más ambiciosa para apoyar la desinflación y reducir la presión sobre la política monetaria”, señala el staff report.
En reiteradas ocasiones, el FMI planteó la necesidad de que Argentina avance en una profunda reforma del sistema tributario.
“Avanzar con rapidez en la reforma fiscal prevista será vital para mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario, así como para impulsar la competitividad”, consideró el Fondo en la última revisión del programa.
El documento no solo apunta a que el gobierno de Javier Milei avance en la simplificación y mejora de la equidad y la eficiencia del sistema tributario, sino también en “la racionalización del gasto fiscal del IVA, la normalización de los impuestos especiales y la reducción de los impuestos distorsivos sobre el comercio y las transacciones financieras”.
La próxima revisión del programa está prevista para febrero, aunque aún no hubo confirmación al respecto. Uno de los ejes en cuestión será la reforma tributaria, que, en teoría, se iba a presentar a finales de diciembre de 2025, tal como menciona el staff report.
“Las propuestas iniciales, que también se están preparando con el apoyo del Banco Mundial y el BID, se presentarán a finales de diciembre de 2025 para que puedan entrar en vigor el próximo año”, se lee en el informe que publicó el FMI.
Por lo pronto, pese a que el Ejecutivo dejó entrever la necesidad de avanzar en la simplificación del sistema, lo cierto es que no presentará, en el corto plazo, una reforma tributaria en su conjunto.
“La reforma tributaria tiene complementos con la modernización laboral; son cosas que se están trabajando“, marcó el Presidente en una entrevista con el streaming Neura. La idea es avanzar con ajustes escalonados.
Superávit fiscal: el costo del capítulo impositivo en la reforma laboral
El Gobierno incluyó en la ley de ”Modernización Laboral” un capítulo fiscal, en el que contempla la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, la eliminación de impuestos internos (telefonía celular y vehículos automotores, entre otros), la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector agroindustrial, la baja de contribuciones patronales y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que otorga beneficios como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos de hasta u$s 30 millones.
El oficialismo prevé que el proyecto de reforma laboral se discuta en febrero. En caso de ser aprobado, el capítulo fiscal tendrá incidencia en la recaudación del Estado.
“No va a haber en lo tributario una reforma. Nosotros siempre vamos a seguir haciendo cosas a medida que los números nos permitan hacerlo. En esta primera etapa, hemos puesto en términos de costo un foco importante en darle una mano a la reforma laboral", dejó en claro el ministro de Economía, Luis Caputo.
Es una señal implícita de que la supresión o reducción de tributos no depende solamente de la iniciativa del Gobierno. Será el superávit fiscal, el ancla innegociable para la actual gestión, el que permita avanzar en nuevas medidas de alivio fiscal, como sucedió -en cuatro ocasiones diferentes a lo largo de 2025- en el caso de la baja de retenciones a los principales cultivos del agro.
Según estimaciones de la consultora Invecq, la reducción de las contribuciones patronales implicaría resignar 0,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que otros 0,3 puntos porcentuales obedecen a otros incentivos tributarios como la baja en el impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos impuestos internos (0,1%).
Ese 0,8% representa poco más de la mitad del superávit fiscal previsto (1,5%) en el Presupuesto 2026. Incluso, según resaltaron desde la consultora LCG, hubo “un leve relajamiento respecto a la meta autoimpuesta para 2025, que establece un superávit primario del 1,6% del PBI”.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, estima que la reducción de alícuotas en Ganancias tendrá un costo de $ 3,1 billones, equivalente a 0,3% del PBI.
“Del total de baja proyectada de recaudación de $ 3,1 billones, $ 1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple mensual, las provincias recibirían durante todo el 2026 $ 144 mil millones menos por mes”, precisó.
También, en el impuesto a las Ganancias, se contemplan cambios como la exención para el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación. “En conjunto, se estima que el costo fiscal directo inicial anual es del orden del 0,22% del PBI, lo que en moneda actual serían $ 1,9 billones. De este total, al gobierno nacional le corresponden $ 790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA $ 1,12 billones”, estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
No obstante, el impacto fiscal inicial recién se dará a partir de 2027, cuando las empresas o personas humanas beneficiadas presenten sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
Vale aclarar que, de todos modos, el Ministerio de Economía tendrá la última palabra. Según el artículo 212, varias disposiciones comenzarán a regir cuando así lo disponga la cartera de Caputo:
- El Fondo de Asistencia Laboral (FAL);
- El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI);
- La reducción de alícuotas en el impuesto a las Ganancias; y
- Otras modificaciones tributarias (eliminación de impuestos internos o exención del IVA para la agroindustria).
En caso de ponerse en marcha, los cálculos anticipan que el Ejecutivo deberá redoblar sus esfuerzos para sostener el equilibrio fiscal, una de las variables que toma en cuenta el FMI para el cumplimiento del programa. Esto requerirá que la actual gestión deba realizar nuevos ajustes sobre el gasto o, en su defecto, mejorar los ingresos por recaudación.
Igualmente, no está claro de qué manera prevé el Gobierno cubrir el costo fiscal del “capítulo tributario” incluido en la ley de “Modernización Laboral”. Lo que sí es posible advertir es que, a corto plazo, no impulsará una profunda reforma del sistema tributario.
Si bien no quedó descartado el plan de Milei para “eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina”, las propuestas avanzarán “por separado” y dependerán pura y exclusivamente de las condiciones que presente el superávit fiscal, así como del consenso que logre con las provincias para reducir tributos coparticipables.