Junto con el proyecto de blanqueo laboral, el Gobierno envió al Senado una iniciativa que dispone la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un organismo que tiene como fin la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos con el objetivo de determinar su posible inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO). En los hechos, el proyecto apunta a atender una vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno a lo que interpretan como una nueva "industria del juicio" en materia de salud a partir de la multiplicación de amparos que obligan a esos prestadores médicos a garantizar la cobertura de medicamentos y tratamientos no incluidos en el PMO.

El proyecto oficial señala que la Agnet tendrá como función analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria, y establece que será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Al respecto, define que sus dictámenes, que se determinarán por mayoría simple de los 5 miembros de la futura agencia, serán de "carácter vinculante" para todos los organismos del estado nacional, de las jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación. El proyecto apunta a atender una vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno a lo que interpretan como una nueva "industria del juicio" en materia de salud. La Agnet, según la propuesta del Ejecutivo, conformará un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autoarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.

Los números de la realidad parecen justificar el apuro oficial por la creación del organismo y el respaldo que la iniciativa reúne entre los actores del sistema de salud. Según los últimos datos oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia 2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO.