El Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario de 1,6% para fin de año, pero el déficit financiero de julio y el nivel de ingresos encienden luces amarillas sobre si lograrán el cometido. En los primeros siete meses del año, el oficialismo consolidó un superávit de 1,1% acumulado. Sin embargo, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) los ingresos totales cayeron un 1% real interanual, mientras que el gasto primario creció un 3,6% real interanual en el mismo período. Esto derivó en que el superávit primario acumulado en el período entre enero yjulio fuera un 25% inferior al registrado en el mismo período de 2024. En todo 2024, el Gobierno había alcanzado un superávit primario del 1,8% del PBI. Para este año, se comprometió con el FMI a alcanzar el 1,6%, por encima de la meta inicial fijada por el organismo de 1,3%. Las primeras luces amarillas responden al recorte de los ingresos contra 2024. Los analistas no descartan el cumplimiento de la meta, pero anticipan que va a demandar más motosierra. "Va a estar difícil llegar al 1,6%", anticipó Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. El economista hizo hincapié en que por ahora el resultado fiscal está medio punto abajo del alcanzado en 2024. Florencia Iragui, economista de LCG, subrayó que "el Gobierno parece no negociar la meta fiscal, el déficit cero primero y cumplir con la meta con el FMI. Por ese lado vemos con elevadas probabilidades que el 1,6% del PBI de superávit fiscal se logre". Las perspectivas de la actividad y el empleo no auguran un aumento de los ingresos. "En lo que queda del año, deberías mejorar respecto al año pasado. Y por como luce en los números, va a haber menor actividad, sumado a una alícuota un 10% menor por la rebaja de retenciones", detalló Polo sobre las expectativas por los ingresos para lo que queda del año. El punto de comparación también juega en contra de esta expectativa. La eliminación del impuesto PAIS, que explicó durante 2024 ingresos equivalentes al 1,1% del PBI, también presiona sobre los ingresos. Otro factor que sumó Polo es el blanqueo, que implicó ingresos durante 2024. Desde LCG detallaron que además los ingresos desde comienzos de 2025 se ven recortados por la reducción de Bienes Personales (por la menor alícuota y el régimen de pago adelantado del tributo por 5 años), el recorte de aranceles y la ahora permanente baja de retenciones. Dado que no se esperan mayores ingresos que acerquen al cumplimiento de la meta, al Gobierno le queda profundizar el ajuste del gasto. "Esto va a obligar a que el Gobierno haga más recortes sensibles para lograr ese superávit, salvo que la actividad repunte más de lo esperado", marcó Polo, aunque destacó que esto último es "complicado" por la estacionalidad que también juega en contra de la recaudación en la segunda mitad del año, principalmente por la menor venta del agro. "Lo que define va a ser diciembre, siempre son deficitarios. Va a estar difícil, pero no imposible", remató el economista. Iragui comparte la baja expectativa de que otros tributos compensen lo que se perdió de recaudación respecto del año pasado: "Esto implicaría, mínimamente, que el resto de los tributos cubran estos recortes o deberán reducir el gasto para poder cumplir con el porcentaje determinado de superávit. Debería ser una suba muy marcada en el resto de los ingresos del Estado para compensar estos impuestos que se redujeron, entonces entendemos que aunque sea en una proporción, se daría otra ola de ajustes". Los tributos que explicaban gran parte de la recaudación eran el IVA y los aportes y contribuciones a la seguridad social. Cabe resaltar que las dificultades para alcanzar el superávit que vislumbran los especialistas es a pesar de los proyectos que amplían el gasto que pueden ser ratificados en el Congreso. En el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el costo fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) oscila entre 0,22% y el 0,42% del PBI, mientras que para el aumento de un 7,2% para las jubilaciones estimaron un costo anualizado del 0,41% y para el aumento del bono fijo a $110.000, el costo anualizado es de 0,38% del PIB. En el caso de incluirse la extensión de la moratoria previsional por dos años y la ampliación de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), explican un gasto adicional de 0,39%. El FMI en su staff report sobre la primera revisión anticipó que deberá haber un aumento de recortes centrado en una sistematización de los datos de beneficiarios de programas sociales y en un mayor recorte de los subsidios.