

La aprobación en el Senado de una serie de proyectos, todos impulsados por la oposición, relacionados con el aumento de las jubilaciones y la redistribución de la coparticipación así como la extensión de la moratoria previsional, volvió a disparar, de parte del Gobierno, una andanada de cuestionamientos sobre lalegalidad de una sesión.
No es la primera vez que esto sucede, ya había ocurrido algo similar con el caso Kueider. Y como en aquella oportunidad, desde La Libertad Avanza no dudaron tampoco en apuntar contra el rol que tuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel,en este caso por no haber frenado la sesión.
"Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor", arremetió Patricia Bullrich contra la titular del cuerpo en plena sesión. Más duro fue Javier Milei, quien tildó de "traidora" a su compañera de fórmula una vez consumada la aprobación de las iniciativas ya mencionadas.
Lo hizo en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde también confirmó que vetará los proyectos aprobados. "Y si aun se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar", desafió el mandatario.
De todas formas, la perspectiva de la Casa Rosada es que se trató de una sesión inválida. Así lo planteó el jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, al señalar que se violaron los mecanismos de convocatoria que establece el reglamento interno de la Cámara alta.

Qué denuncia el oficialismo y qué dice el reglamento del Senado
La reunión en el recinto fue convocada por bloques opositores frente a la negativa de Villarruel, quien de hecho no estuvo en el inicio y fue reemplazada en su rol por la senadora kirchnerista Silvia Sapag. Villarruel apareció una vez que el tablero dio 42, número suficiente para el quórum, y asumió la conducción de la sesión.
Una situación inusual que oficia de disparador para los argumentos libertarios, que aluden al artículo 20 del reglamento interno del cuerpo para impugnar la sesión. Sostiene que será la Presidencia la que, "luego de recibir la petición -por parte de los legisladores-, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime".
También citan el artículo 32, que fija las atribuciones y deberes del presidente del Senado. En el inciso F, establece que entre las facultades de quien conduce la Cámara está la de "hacer citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias".
Polémica por la validez de la sesión en el Senado: qué piensan los constitucionalistas
En diálogo con El Cronista, Andrés Gil Domínguez recalcó que la sesión fue "reglamentariamente válida"y descartó irregularidades en el procedimiento. Sobre la postura del oficialismo, el constitucionalista afirmó: "Hay que aclarar que quizás el término ´auto-convocatoria´ no es el más preciso".
"El artículo 1 del reglamento del Senado establece que durante las decisiones preparatorias de febrero, el cuerpo fija los días y horas de sesión durante todo el año. Esto es para garantizar el funcionamiento del mismo e evitar ningún tipo de interferencia externa", explicó.
Gil Domínguez profundizó esta mirada al referirse al mencionado inciso F del artículo 32 y aclaró que "la facultad de la presidenta no es de convocar, es de hacer las sesiones". "No es que (Villarruel) las convoca, ya están convocadas. Si el día está fijado y hay quórum, entonces comienza a funcionar el cuerpo", puntualizó.
Sostuvo que un caso distinto hubiera sido si se trataba de una sesión especial: "Esto es una sesión ordinaria, con lo cual no es que estuvieron autoconvocados. Fueron los legisladores el día que estaba fijado por el propio Senado, dieron quórum y empezaron a funcionar".

Para quienes consideran que Villarruel no debería haber convalidado el debate con su presencia, el especialista aseguró que, al solo presidir y conducir la discusión parlamentaria, "no tiene ninguna facultad ni constitucional ni legal de evitar o de invalidar una sesión".
Por otro lado, el oficialismo había rechazado días antes los dictámenes de los proyectos. La semana pasada, legisladores opositores abrieron la Comisión de Presupuesto para realizar la reunión y sin una convocatoria formal del presidente de ese órgano, Ezequiel Atauche, en un hecho inusual.
Al respecto, Gil Domínguez sostuvo que si una mayoría de senadores aprobó que se puedan tratar las iniciativas, la validez de los dictámenes "quedó resuelta por el propio Senado".
Otro de los abogados constitucionalistas que se manifestó al respecto fue Félix Lonigro, quien dijo que la sesión fue legal y que el procedimiento legislativo se ajustó a la Constitución.
"Existen sesiones preparatorias en las que cada 24 de febrero, el Senado se reúne para definir los días y el horario para organizar el año. Siempre el jueves es el día en el que está programada la sesión y que Villarruel convoca formalmente. En este caso no lo hizo. ¿Qué hizo el Senado? Se autoconvocó y perfectamente se puede hacer. No era una sesión especial, esto era una sesión común", explicó.
Sobre la decisión de Villarruel de sentarse a presidir una vez hubo quórum, el jurista sostuvo que "es lo que tenía que hacer". Luego, cuestionó la intención de Javier Milei de recurrir a la Justicia en caso de no conseguir el tercio de diputados que necesita para blindar el veto.
"Sería interesante ver por qué quiere impugnar leyes que eventualmente fueron sancionadas, que fueron vetadas, y que luego fueron los vetos rechazados. ¿Qué le quiere ir a decir al juez? Si le va a ir a decir ´yo veté y el Congreso insiste´, le van a decir ´está previsto en la Constitución´", planteó.
"Y si le dice ´la sesión fue mal convocada´, eventualmente un juez le va a decir ´es una interpretación del reglamento y una cuestión no judiciable. Se han cumplido todos los pasos que la Constitución indica para la sanción de la ley. Esto de que fue autoconvocada y que eso es ilegal es una interpretación del reglamento que no nos corresponde a los jueces hacer´", añadió en alusión a la posible postura del magistrado.
Por último, tanto Gil Domínguez como Lonigro coincidieron en que la decisión de Milei de vetar las leyes reconoce la legitimidad de la sesión del jueves y choca con el relato de la ilegalidad de la convocatoria que sostiene un sector del Gobierno.
"Si veta y el fundamento es que no se cumplió el procedimiento, el presidente no tiene aptitud para vetar por ese motivo y, por lo tanto, entrometerse en el funcionamiento de la Cámara de Senadores", concluyó Gil Domínguez.












