La Corte Suprema de Justicia recibió hoy un pedido de “per saltum” presentado por el Gobierno con el que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) quiere suspender la cautelar que impidió que el Ejecutivo arrancara ya con la “adecuación de oficio” del Grupo Clarín a la ley de medios y el remate de distintas unidades de negocios el multimedios.
Fue la propia Corte la que confirmó este mediodía que ya tenía en su poder el pedido de “per saltum”. Casi en simultáneo lo daba a conocer el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, con un discurso en el que cargó contra el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, a quien acusó de tener “el sueño” de “volver a una democracia mutilada en la que sea imposible hacer cumplir leyes que terminan con los privilegios de los más poderosos”.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o Ley de Medios) fue declarada constitucional el año pasado por la Corte Suprema. Después de eso, el Grupo Clarín terminó presentando su plan de adecuación a la norma, que básicamente dividía al multimedios en seis unidades de negocios, cuatro para poner en venta y otras dos que se dividirían los actuales socios mayoritarios.
Pero el plan fue rechazado por la AFSCA por supuestas “maniobras sospechosas”. El organismo anunció entonces que comenzaría con la “adecuación de oficio” y pondría en venta ciertos activos. Ante ese avance, Clarín logró una cautelar por parte del juez federal de primera instancia Horacio Alfonso que suspendió esa adecuación durante al menos seis meses y le impuso al multimedios una caución de $ 1 millón.
Con el “per saltum” que recibió hoy la Corte, Sabbatella busca la suspensión de la cautelar que le impide avanzar con el desguace del grupo Clarín. Y dejó en claro que pretende obtener el permiso cuanto antes: “Esperamos que la Corte resuelva antes de fin de año suspendiendo la nueva cautelar que favorece a Clarín”.
“Es una barbaridad que un juez inferior se aparte sin fundamento de lo dicho por la Corte, lo que pone en evidencia que una parte del Poder Judicial se rinde ante el poder económico y permite que se consagren privilegios y se vulneren derechos como el de garantizar una comunicación plural, democrática y diversa”, sostuvo Sabbatella, aunque la cautelar no se refiere a la constitucionalidad de la Ley de Medios sino a la adecuación.
El argumento para pedir el “per saltum” –que implica saltear otras instancias judiciales- es que el planteo entraña “cuestiones de notoria gravedad institucional”. Según la AFSCA, la cautelar de Alfonso “compromete las instituciones básicas del sistema republicano”.
La adecuación de oficio que impulsa la AFSCA le da facultades al Estado para ponerle el cartel de venta a las señales radiales y de televisión, tanto abierta como paga, en manos de Clarín de menor valuación e iniciar una etapa de remate de estos medios. Esto, respetando la división en seis unidades que el holding había propuesto. Las dos más importantes son la Unidad 1, en la que quedaban concentradas las principales empresas de contenidos, y la Unidad 2, con núcleo en la mayor parte de las operaciones de Cablevisión-Fibertel.
