El Gobierno redobló hoy la presión contra las empresas de ómnibus de larga distancia, al advertir que evaluaba la posibilidad de quitar concesiones de explotación de ese servicio público a las compañías sancionadas, mientras insistió con que la paralización del sector responde a un “lock out patronal”.
“Estamos haciendo constataciones para que, tras esas constataciones y luego de las multas y las sanciones que se aplican, podamos proponer desde la CNRT la caducidad de los permisos”, dijo a radio La Red Ariel Franetovich, interventor del ente, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró hoy que “se terminó el tiempo de los subsidios” en la actividad del transporte de larga distancia y advirtió que “se van a tomar todas las medidas que sean necesarias” para que se levante el paro de los choferes de ómnibus si no hay acuerdo en la reunión de esta mañana entre las partes.
“No se puede plantear un reclamo de esa naturaleza vía lock out patronal”, se quejó el funcionario, quien calificó a la medida de fuerza, que hoy cumple su quinto día, como “inaceptable”, “injustificable” e “inadmisible”.
En el quinto día del conflicto, el Gobierno volvió a acusar al sindicato UTA de “complicidad” con las empresas, al recordar que el viernes último homologó el 23% de aumento salarial reclamado en paritarias por el gremio y el sindicato no levantó la huelga declarada para obtener ese incremento.
Mientras tanto esperan para hoy una reunión entre funcionarios nacionales y empresarios de micros de larga distancia para intentar destrabar el paro de los choferes por reclamos salariales que lleva cinco días.
