El día después de la aprobación de la norma, tras de una victoria anunciada, pone a la Argentina en un sendero poco transitado en la historia económica mundial: el desacato de un país. Analistas descartan que, tras la promulgación de la norma, los fondos buitre solicitarán al juez Thomas Griesa que ubique al país en ese solitario lugar, con consecuencias diversas. Para algunos, a esta altura, es una granada después de una bomba.

Tampoco hay certezas de que, una vez que salga la ley, el Gobierno llegue a implementar el mecanismo de pago local opcional para los vencimientos que vendrán en el plazo del próximo mes.

El plan se inscribe en la intención de las autoridades nacionales de permitirse depositar los fondos que deberían llegar a los bonistas en una entidad de pago viable, después de que los fondos remitidos al Bank of New York quedaran embargados. El Gobierno, tras el último vencimiento, dijo que pagó, y quiere sostener ese compromiso.

En medio de la discusión, el oficialismo se propone introducir cambios que dan un guiño a algunos de los planteos de la oposición.

La primera modificación del texto, como se anticipó ayer, está en el capítulo 7 de la norma, que habilita a "instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que se presenten a dicha Operación de Canje; quedando autorizadas a tales fines, conforme resulte pertinente, la prórroga de jurisdicción a favor del tribunal ubicados en la República Francesa en los términos y condiciones de la presente Ley. Según publica El Cronista en su edición impresa de hoy, esta modificación va en línea con el proyecto propuesto por el Frente Renovador que conduce Serio Massa.

La otra modificación es la creación de una Comisión Bicameral Permanente que estará conformada por diputados y senadores según la proporción de la representación política en el Congreso, cuyas atribuciones serán las de "investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior", y sumará como función la de hacer el "seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen"..

Sin embargo, más allá de la discusión política, la solución económica del problema aún se hace esperar