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Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a referentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y otras organizaciones vinculadas a las casas de altos estudios públicos de todo el país dieron a conocer hoy en Diputados un proyecto para intentar establecer por ley pautas para el financiamiento universitario, tras el veto presidencial a la norma aprobada en 2024.
La primera presentación fue realizada durante una reunión convocada por la extitular de la Comisión de Educación Blanca Osuna (Unión por la Patria) y mañana a las 10 habrá un evento en el Salón Azul del Congreso.
El objetivo central del texto es garantizar la inversión estatal necesaria para sostener y expandir el sistema de universidades nacionales, reconociéndolas como pilar del desarrollo económico, social y científico del país.
Los pasos a seguir serían los siguientes, ante la negativa del oficialismo de darle tratamiento en las comisiones correspondientes: forzar el emplazamiento a Educación y Presupuesto y Hacienda durante la sesión que se llevaría a cabo en Diputados la semana que viene.
Luego, habilitar el debate la semana del 8 de junio y llevarlo al recinto en una sesión que podría realizarse el 18 de junio, se informó a El Cronista.
El proyecto, que consta de doce artículos, busca revertir la crítica situación que atraviesan actualmente las instituciones públicas de educación superior, marcadas por un fuerte ajuste presupuestario, la congelación de salarios y una pérdida de poder adquisitivo del personal docente y no docente.
El proyecto reafirma el carácter público y gratuito de la universidad como política de Estado, y propone medidas concretas para revertir el deterioro que afecta actualmente a más de dos millones de estudiantes y trabajadores del sector.
Entre ellas, destaca el incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, en 2031, el 1,5 % del PBI, lo que permitiría restablecer condiciones básicas de funcionamiento, actualizar los salarios por inflación, ampliar el acceso y mejorar la infraestructura.
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más del 70 % de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Otro de los aspectos innovadores del proyecto es la creación de una "Proporción Universitaria", un mecanismo de asignación automática de recursos a partir de la masa coparticipable nacional establecida por la Ley 23.548.
Esta proporción se calculará como el cociente entre los recursos asignados al sistema universitario y el total de ingresos coparticipables del presupuesto nacional. Según estimaciones, esta proporción sería actualmente del 10,05%, lo que implicaría transferencias mensuales automáticas y actualizadas, sin afectar la distribución a las provincias ni los Aportes del Tesoro Nacional.
El proyecto también prevé la creación de un fondo específico de 10.000 millones de pesos -ajustable por inflación- destinado a carreras estratégicas para el desarrollo nacional, en especial aquellas vinculadas a inteligencia artificial, vacancias regionales y áreas clave de conocimiento.
El texto se presenta en un momento de máxima tensión entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo Nacional.
Tras la prórroga del presupuesto 2023 mediante el Decreto 8/2023 y la Decisión Administrativa 5/2024, las universidades nacionales comenzaron 2024 con partidas congeladas frente a una inflación acumulada del 134 %. Esto llevó a una paralización de numerosas actividades académicas, de investigación y extensión.
La Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024, que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país, fue una respuesta masiva a esta situación. El proyecto, entonces, también es un gesto político que propone una hoja de ruta concreta y viable para revertir el deterioro.
El recorrido en el Congreso
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria fue aprobada por el Congreso el 26 de septiembre de 2024, con el apoyo mayoritario tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Sin embargo, Milei vetó la ley el 2 de octubre de 2024, mediante el Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial. Este veto fue total, es decir, rechazó en su totalidad el contenido de la ley aprobada por el Congreso.
Posteriormente, el 9 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados intentó revertir el veto, pero no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original. De esta forma, el veto presidencial quedó firme y la ley no entró en vigencia.
