El Gobierno avanzó un paso más en la presión contra las empresas petroleas, ofreciendo a compañías locales una participación en los yacimientos de grandes firmas privadas que en los últimos meses mostraron un caída en la producción.

La movida había sido anticipada por El Cronista, cuando se firmó en mayo último el Acuerdo Federal para el Cumplimiento de los Objetivos de la Soberanía Hidrocarburífera, en el cual los diez gobernadores miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se comprometieron a intervenir en el caso de que se observen incumplimientos o deficiencias en la actividad.

En los hechos, ese pacto significaba que se intimaría a las compañías que tienen concesiones extensas o yacimientos desaprovechados, no explotados en su totalidad, o que presenten áreas ociosas a que sumen socios o busquen inversiones a través de alianzas con empresas más pequeñas.

El diario La Nación reveló hoy que el Gobierno hizo circular un planilla esta semana, en la cual figuran casi 40 yacimientos en manos de todas las grandes petroleras, desde Chevron, a punto de convertirse en la mayor socia de YPF, hasta la propia compañía estatizada, la brasileña Petrobras; la francesa Total, la norteamericana Apache; las argentinas Pluspetrol y Roch; la china Sinopec; Tecpetrol, del grupo Techint; Oil, de Cristóbal López, y Pan American Energy (PAE), bajo la conducción de los hermanos Bulgheroni.

La planilla cuenta con cuatro columnas: provincia (en referencia a la ubicación del yacimiento), concesión, operador y acción a tomar. Bajo el último ítem, figuran referencias como "acordar con la provincia", "reunión con el operador" o "reunión con YPF".

Fue Roberto Baratta, por encargo del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien hizo circular la lista por primera vez a principios de la semana pasada, según la versión conocida hoy.