Hace tan sólo algunas horas, Patricia Bullrich aseguró que el gobierno cuenta con los votos necesarios para darle media sanción a la Ley de Reforma Laboral, pero el contenido de las negociaciones para conseguir los votos son una incógnita ya que el articulado del proyecto es inaccesible incluso para los senadores.
Fue la jefa de la bancada libertaria quién, allá por diciembre, dijo que el dictamen que se firmaba en comisiones quedaría “abierto” para “realizarle cambios” y tratarlo a mediados de febrero.
Mientras que la segunda parte de la afirmación se cumplirá el próximo miércoles, a días de ese debate se desconocen cuántos y cuáles son los cambios introducidos en el proyecto.
“Va a ser un dictamen sorpresa”, vaticinó Mariano Recalde sobre lo que sucederá en el recinto del Senado, cuando los representantes de las provincias deban votar, probablemente, “con el texto que obre en las bancas”, como se dice en la jerga parlamentaria.
Las razones para ese hermetismo pueden responder a las negociaciones que llevan adelante desde la Casa Rosada los emisarios del gobierno, en particular lo que pueda hacer durante estos días el ministro del Interior, Diego Santilli, en su diálogo con los gobernadores dialoguistas.
Sugestivamente, esta semana se suspendió la reunión de CFI, un foro de mandatarios provinciales que podía servir para coordinar posturas ante la ley.
Todos vieron detrás de esa decisión al Ejecutivo nacional que, sin embargo y lejos de una negociación amplia, dejó trascender que sólo permitirá retoques superficiales y que no modificaría el capítulo que afecta los recursos provinciales via impuesto a las ganancias.
En el Senado, también dentro de la bancada peronista, una oficina mira con atención lo que pueda suceder con los Aportes del Tesoro, la canilla de dinero que Balcarce 50 puede abrir para seducir a los mandatarios provinciales.
Pero la oposición peronista vive sus propios desafíos internos y su cohesión está en duda. Ya en diciembre, la jujeña Carolina Moisés había acompañado el capítulo del presupuesto que recortaba fondos educativos y militares, quedando en el centro de la tormenta.
Aquella actitud no sólo podría repetirse el miércoles, sino que, tal vez, Moisés esté acompañada por senadores que responden a gobernadores peronistas como el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo, y el catamarqueño Raúl Jalil.
Sáenz, alejado hace mucho tiempo del kirchnerismo, salió en defensa de Moisés, criticó la intervención partidaria dispuesta por Cristina Kirchner al PJ jujeño y, por esa cuestión, se trenzó en un debate mediático con el exjefe de las Fuerzas Armadas, Cesar Milani.
Los gobernadores acuerdistas, por otra parte, fueron buscados por la cúpula de la CGT para entablar diálogo. Sin embargo, el dirigente camionero Pablo Moyano fue quién, con menos moderación, apuntó a la contradicción que supondría votar la Reforma Laboral y calificarse como peronista.
En ese sentido, el hijo de Hugo puso como ejemplo a Jaldo, “que cerró su campaña en el predio de Camioneros y votó la Ley Bases”.
“Repudio a estos tipos que hacen campaña con Perón y Evita y después te cagan, y en la primera de cambio te votan todo en contra de los trabajadores”, dijo.
La cuenta que hace el peronismo es clara. Todo dependerá de lo que hagan esos senadores y “los 10 de los bloques provinciales”, según confió un legislador a El Cronista.