El presidente Javier Milei finalmente designó hoy al exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, como Procurador del Tesoro de la Nación, el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional y máxima autoridad encargada de la defensa jurídica del Estado.
“La decisión reconoce el trabajo realizado por el Dr. Amerio al frente de la Secretaría de Justicia, desde donde impulsó una agenda de reformas estructurales orientadas a modernizar el sistema judicial y fortalecer la respuesta del Estado frente al delito”, destacaron en un comunicado de la Procuración.
Tal como adelantó El Cronista, la negociación por el cargo que hasta ahora ocupaba Santiago Castro Videla comenzó a gestarse luego de que Amerio haya sido desplazado del área de Justicia por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para poner en su lugar a Santiago Viola, un hombre del riñón karinista.
Los cambios surgen a partir de la nueva designación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cercano a Viola desde hace años y el elegido de la hermana del Presidente para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona, quien se encontraba de salida desde octubre del año pasado.
Como consecuencia del cambiazo que amplió el poder de Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, quien gestionaba el área de Justicia a través de Amerio, quedó sin influencia directa en la cartera. En lo que quedó como un gesto de contener esa interna, el presidente Javier Milei le ofreció a Caputo la opción de que Amerio mantenga un lugar importante en el Gobierno.
Habían varias opciones, según dijeron desde la Casa Rosada, pero finalmente se oficializó el lugar de la Procuración del Tesoro, un cargo que ya ocupaba un hombre cercano a Santiago Caputo.
El paradero de Castro Videla será dentro del mismo área, pero como subprocurador. Su designación como titular ya había contado con limitaciones porque debió excluirse de participar en el Juicio YPF, el litigio más importante de la Procuración del Tesoro, por conflicto de intereses.
Santiago Castro Videla había sido socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde trabajó antes de ser funcionario, y desde donde fue testigo para declarar a favor de Burford durante el litigio.
Ahora el constitucionalista y especialista en derecho público quedará subordinado a Amerio junto con los otros dos subprocuradores, Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija, este último siendo además el que lidera la defensa en el mencionado juicio vinculado a la expropiación de la petrolera.
La formalización de la designación tardó más de 24 horas en oficializarse, puesto que las negociaciones continuaron hasta último minuto. Según pudo reconstruir El Cronista, parte de esa contienda tuvo que ver si la Procuración del Tesoro se iba a mantener como parte del área comandada por Mahiques o si podía llegar a pasar a la secretaría de Legal y Técnica, comandada por María Ibarzábal Murphy, la espada legal de Santiago Caputo.
Por caso, el mismo jueves por la tarde Castro Videla mantuvo reuniones con Ibarzábal Murphy en la Casa Rosada.
Si bien fue una de las opciones posibles, finalmente la pulseada la ganó Mahiques -y Karina Milei-, ya que todo el área de Procuración se mantendrá bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
“Con esta nueva conducción, la Procuración del Tesoro profundizará su rol como órgano rector del Cuerpo de Abogados del Estado, consolidando una estrategia jurídica firme y profesional para la defensa de las reformas y de las transformaciones estructurales impulsadas por el Presidente de la Nación”, finaliza el comunicado de la Procuración.
El flamante ministro además ya avanzó con cambios en otros organismos de la cartera, como la Oficina Anticorrupción, a quien Mahiques confirmó que designará a Gabriela Zangaro la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-Unesco).
También otra área clave en la que pidió renuncia fue el el Instituto General de Justicia (IGJ), el organismo que hasta ahora manejaba Daniel Vítolo y que se encargaba de llevar adelante la disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “No cambia un ápice la posición del Gobierno sobre el tema”, determinaron desde la Casa Rosada en ese sentido.