El jefe de Gobierno Jorge Macri aprovechó la inauguración de la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño para lanzar un reclamo político directo al Gobierno nacional: la necesidad de completar de manera efectiva la transferencia de competencias pendientes a la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece la Constitución.

"Dentro de unos días se cumplirán 31 años de la Reforma del 94, que abrió una etapa decisiva en la vida de los porteños. Seguimos transitando un camino para que esa autonomía no sea sólo formal y declamativa, sino real y efectiva", señaló Macri, en un discurso cargado de mensajes institucionales y económicos.

El jefe de Gobierno defendió los avances locales, como la creación del fuero laboral y la sanción del Código Procesal de Trabajo, aunque recordó que el proceso se encuentra frenado por una cautelar obtenida por jueces nacionales. "Que se entienda bien, no pedimos privilegios ni concesiones, simplemente el cumplimiento de la Constitución", subrayó.

Macri también buscó asociar la autonomía judicial con la competitividad económica de la Ciudad. "Garantizar la seguridad jurídica es fundamental para que todos los porteños ejerzan sus derechos e igualdad de condiciones. Y al mismo tiempo, resulta de vital importancia para quienes ya invierten o eligen nuestra ciudad para hacerlo", dijo.

Para reforzar el mensaje, apeló a una cifra contundente: "Tal vez suene anecdótico, pero en este pequeño punto del mapa argentino se produce el 20% del PBI. Eso demuestra la necesidad y la relevancia de un poder judicial autónomo, moderno, completo".

El planteo de Macri encontró eco en las palabras de la presidenta del TSJ, Inés Weinberg, quien también expuso las tensiones que persisten con la justicia nacional. "A la Justicia nacional le cuesta aceptar nuestra competencia. El desafío es aunar esfuerzos para no perjudicar al destinatario de nuestra labor, que en definitiva es el ciudadano", afirmó.

Weinberg recordó que, desde el fallo de la Corte Suprema en la causa "Ferrari contra Levinas", el Tribunal Superior de Justicia es la última instancia revisora de los recursos presentados ante las cámaras nacionales con asiento en la Ciudad. "Lo que la comunidad espera es ser tenida en cuenta en primer lugar por los poderes de su distrito, incluido el Judicial. Lo que menos esperan los litigantes es sortear más obstáculos en su búsqueda de justicia", señaló.

Las estadísticas dan cuenta de la magnitud del cambio. Entre enero y mediados de agosto ingresaron 3.917 causas al TSJ, de las cuales 2.884 se derivan de la doctrina Levinas. Dentro de ese universo, 2.551 corresponden a la materia laboral, 259 a la civil y comercial y 64 al ámbito penal, penal juvenil y de faltas. En paralelo, por competencias originarias, el Tribunal tramitó 639 causas contencioso-administrativas y tributarias, y 630 en materia penal.

En este marco se inauguró la segunda sede del TSJ, ubicada en Pellegrini 313, a metros del Obelisco. El edificio fue diseñado entre 1963 y 1965 por el arquitecto Mario Roberto Álvarez, referente del movimiento racionalista internacional. Con una superficie de 4.000 metros cuadrados, distribuidos en once pisos, planta baja, entrepiso y dos subsuelos, el inmueble se convirtió en una pieza central de la expansión institucional de la justicia porteña.

Allí funcionará toda la Dirección General de Administración -Recursos Humanos, Tesorería, Contaduría, Auditoría, Compras y Patrimonio-, además del área de Jurisprudencia, las oficinas de Género e Innovación, la Sala de Audiencias Públicas y el Centro de Formación Judicial. En total, el traslado involucra a un centenar de funcionarios y empleados.

El edificio fue puesto en valor por el Gobierno de la Ciudad, a través de los ministerios de Infraestructura y Hacienda, antes de ser cedido al Tribunal. Hasta hace poco funcionaba allí el Ministerio de Salud porteño.

Su reapertura bajo el paraguas del TSJ es, para la conducción del Tribunal, un símbolo de modernización y crecimiento institucional; y para Macri, la oportunidad de insistir con un reclamo que atraviesa a todos los gobiernos porteños desde la reforma constitucional de 1994: consolidar una justicia propia, completa y sin tutelas externas.

En la ceremonia estuvieron presentes, además de los jueces del TSJ, representantes de la magistratura nacional y porteña, autoridades del Gobierno de la Ciudad y funcionarios del Ejecutivo nacional. También participaron dirigentes de los colegios de abogados, asociaciones periodísticas, académicos y referentes de la sociedad civil.

El acto fue encabezado por la presidenta del Tribunal, Inés Weinberg, y contó con la presencia de sus colegas Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz. Entre los invitados se destacaron funcionarios de la Jefatura de Gobierno porteña, legisladores, representantes del Poder Judicial de la Nación y autoridades porteñas.