El juez Gerardo Santicchia, titular del Juzgado N° 19, a cargo de la quiebra RR DONNELLEY ARGENTINA S.A. concedió la locación de la planta de la empresa a la Cooperativa "MadyGraf", integrada por los trabajadores que vienen desarrollando sus tareas allí, informaron fuentes de la AFIP.

“Ahora los trabajadores deberán abonar un canon por dicha locación, como también cumplimentar todos los requisitos ineludibles, propios de la explotación”, comentaron las mismas fuentes.

Se trata, a toda vista, de un enorme proceso cuesta arriba para los trabajadores que aspiran a mantener la fuente de trabajo de la ex Donnelley, cuya quiebra fue denunciada por el Gobierno como fraudulenta y como parte de un proceso de desestabilización económica (“terrorismo económico” fue la expresión usada por la presidenta Cristina Fernández) instigado por los fondos buitres, a los que relacionó con la compañía.

Según fuentes seguras del organismo recaudador, en cuyo seno se ha celebrado la decisión judicial como un triunfo de su posición en rechazo a la quiebra, “la cooperativa tendrá que evaluar la contratación de seguros contra incendio y destrucción de los bienes, con pólizas endosadas a nombre de la quiebra, por el establecimiento y también por los accidentes de trabajo de las personas que trabajen en él (ART); Además deberán presentar las pólizas respectivas y acreditar el pago puntual y la vigencia de tales seguros”.

La salida de la cooperativa se impuso a la de la estatización, que fue rechazada de entrada por el Gobierno. La iniciativa asociativa tiene, a su vez, más cargas para los trabajadores: según fuentes judiciales, en el fallo del juez se deja en claro que la cooperativa también deberá contratar un seguro de caución por el pago del canon de todo el período locativo y abonar el canon locativo que habrá de establecer la sindicatura; asumir todos los pagos, liberando a la quiebra de todo reclamo que pudieren efectuar sus asociados y/o personal contratado por la misma y/o terceros con quienes contrate, por cualquier concepto”.

La AFIP había solicitado el 14 de agosto, solo tres días después de que se decretara la quiebra, que se la deje sin efecto por considerarla fraudulenta y a su vez se decrete la continuidad de la explotación.

El objetivo fundamental de la presentación de la AFIP fue “el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de la empresa”, recordaron en el organismo recaudador.

Los fundamentos del ente conducido por Ricardo Echegaray para calificar como fraudulenta la quiebra fueron que “el propio balance de la compañía indica que la liquidez al 31 de diciembre de 2013 era de casi 600 millones de dólares superior al ejercicio anterior”. A su vez, según la AFIP, “el activo de la empresa es superior al pasivo, es decir tiene un patrimonio neto positivo: activo $ 180 millones, pasivo $ 140 millones. En el balance registra ganancias reservadas de $ 20.200.000 para futura distribución de dividendos. La firma recibió aportes de sus accionistas por $3.000.000 en efectivo en noviembre de 2013, según sus propios estados contables”.

FUENTE: Cronista.com