El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, venía preparando hace más de un año un plan de revisión para “limpiar” el sistema jurídico de aquellas leyes obsoletas que son impracticables o perdieron vigencia por el tiempo. Para eso, finalmente se presentó el proyecto de ley llamado “Hojarasca”, que modifica y deroga más de 60 leyes, de las cuales la más antigua es del año 1864. Se trata del segundo intento de impulsar esta ley, ya que la “depuración” fue postergada ante un Congreso con minoría oficialista y otros temas en agenda. Muchas de ellas fueron sancionadas durante gobiernos de facto, como el de Onganía; Lanusse; y la última dictadura militar. Según un relevamiento que publicó el propio ministerio, la gran mayoría corresponden a la gestión de Isabel Perón. El proyecto contempla tanto derogaciones totales, que incluyen 63 leyes y dos decretos, como modificaciones parciales, aplicadas a cuatro normas que seguirán vigentes pero con cambios específicos. En el primer grupo, se eliminan leyes desde 1864 hasta el 2015, agrupadas en seis categorías: El proyecto elimina el financiamiento estatal del Círculo de Legisladores y de la Federación Argentina de Municipios, pero sin disolver los organismos: pueden seguir funcionando con recursos propios. Deroga la ley que creaba el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, proyecto que nunca superó la etapa de prefactibilidad. También elimina la ley que sostenía a Ediciones Culturales Argentinas, editorial estatal que dejó de publicar décadas atrás. A su vez, deroga el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, que hace años dejó de existir. Elimina la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, creada tras la crisis de 2002 y ya disuelta. Deroga el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, que hoy existe como estructura legal pero sin recursos desde que se derogó el artículo que lo financiaba. También Elimina el Comité de Análisis y Seguimiento del Tratado de Cooperación con España, cuya función ya está cubierta por la Secretaría de Hacienda. Disuelve la Comisión Nacional de Cunicultura y modifica el Instituto Geográfico Nacional para reducir su rol de control sobre el uso de mapas. Todas las leyes contempladas en el proyecto en realidad ya son impracticables, pese a estar vigentes. Pero, haciendo foco en cuáles estaban destinadas a alterar la libertad individual, se destaca: Para los productores y emprendedores, el impacto es económico y operativo, ya que elimina pasos administrativos que no agregan valor pero consumen tiempo y dinero.