El Gobierno espera que el dictamen forzado del Presupuesto 2026 haya sido la última batalla en el Congreso con la composición actual, pero todavía no bajan la guardia con la posibilidad de que la oposición ataque con nuevas sesiones antes del recambio legislativo en diciembre.
En la Cámara de Diputados el terreno asoma más despejado, razón por la cual el diputado del PRO y flamante ministro del Interior, Diego Santilli, tuvo el visto bueno para asumir formalmente este martes. La jura está prevista para las 15.
Sin embargo, la posibilidad de que se convoque a una sesión el miércoles 19 de noviembre se mantiene resonando, aunque sea para temas no coyunturales. “El peronismo presiona”, advirtió un alfil libertario ante El Cronista.
Según pudo recabar este diario, la oposición busca llevar al recinto el dictamen para restablecer la autonomía y el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y la declaración de emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria por un año para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), lo cual implica una reducción del 50% para los aumentos tarifarios de luz, gas y agua y otras exenciones impositivas para el sector.
Pero la gran bomba a desactivar es la eventual sesión que prevén en el Senado para el próximo 20 de noviembre, en donde la oposición buscará sancionar finalmente la ley que modifica el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que impulsó Cristina Fernández de Kirchner como senadora en el 2006 -26.122-.
Si bien el presidente Javier Milei podría vetarla y los tiempos no darían para que el Congreso insista, la presión surge de que más de un sector considera que al tratarse de una reglamentación de las propias facultades del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo no puede vetarlo. “Eso sería fuente de una controversia y tendría que intervenir la Corte Suprema”, alertó el senador radical Eduardo Vischi.
El proyecto había sido devuelto a la Cámara alta luego de que en Diputados el oficialismo y sus aliados consiguieran voltear el artículo 3, que establecía un plazo de vigencia por 90 días corridos para los DNU y el requerimiento de la aprobación de ambas Cámaras. Se trataba del punto más fuerte del proyecto que prácticamente anulaba la posibilidad de que el Ejecutivo continúe utilizando la herramienta.
La maniobra había sido orquestada entre el exjefe de Gabinete y exministro del Interior, Guillermo Francos y Lisandro Catalán; en conjunto con el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los jefes de bloque del PRO y la UCR, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El objetivo era ganar tiempo y lo consiguieron.
Hace una semana, el Senado dictaminó las modificaciones para poder llevarlo al recinto, con un guiño del kirchnerismo a Milei: el peronismo sostuvo el cambio que planteó el oficialismo en Diputados. La riojana Florencia López argumentó que fue para asegurarse de que, ante un eventual veto del Presidente, en la Cámara baja se puedan reunir los dos tercios para insistir. La postura fue acompañada también por los senadores Alicia Kirchner, Pablo Bensusán, Sergio Leavy, Mariano Recalde y Silvia Sapag.
De esta manera, la ley que quedaría sancionada implicaría solamente los siguientes efectos: los decretos deberán versar sobre una única materia -para evitar que se repita el caso del mega DNU 70/2023-, que las Cámaras podrán abocarse durante el receso, y que en el caso de que el Congreso rechace un DNU el Ejecutivo no podrá volver a dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
En el Gobierno buscarán evitar que el 20 de noviembre se sancione y para ello la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, ya comenzó a contactarse con sus futuros colegas para armar consensos de cara al tramo de gestión que le toca como jefe de bloque de La Libertad Avanza.
Según anticipó el senador del PRO, Luis Juez, van a convocar a una reunión con jefes de bloque en los próximos días para ya empezar a asegurarse los 37 para el quórum. El plan es que el nuevo Código Penal, que se tratará en extraordinarias, ingrese por el Senado.
Ante este panorama, algunos son opositores son más reacios a conseguir el número para una sesión y la voluntad de ir el 20 con el tiempo se va apagando. De todos modos, hay otros intereses que también pueden ponerse sobre la mesa para negociar el quórum: la ampliación de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Defensora del Niño, que ya tiene aprobación de la Cámara baja.
