La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó hoy al Gobierno a dejar de "discriminar" a medios en su sistema de asignación de publicidad oficial y aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del país favorece la "censura indirecta". La asamblea general de la SIP, reunida desde el viernes en Denver (Colorado, EE.UU.), aprobó dos resoluciones publicadas hoy y relativas a Argentina.
La primera de ellas sostiene que "el Gobierno argentino sigue agravando su modelo de distribución arbitraria de la publicidad oficial, desconociendo fallos judiciales de la Corte Suprema que lo obligan a hacerlo respetando pautas objetivas y razonables para no afectar a la libertad de expresión".
Por tanto, la SIP instó "al Gobierno argentino a que cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial, respetando criterios objetivos y equitativos" y no usando "los recursos públicos como sistema de premios y castigos".
Subrayó la necesidad de que el Congreso argentino sancione "una ley que, de acuerdo con estándares internacionales, regule la asignación de publicidad oficial", y aseguró que en el plano de los anunciantes privados existe un "cepo publicitario" desde "hace más de 8 meses".
"Ese cepo está derivado de las presiones del Gobierno a anunciantes privados para que se abstengan de pautar avisos en medios independientes", de acuerdo con la SIP, que repudió "la actitud de las compañías globales, regionales o argentinas que aceptaron ser sometidas a esas inadmisibles presiones".
"La SIP resuelve instar al sector privado a ser consecuente con los principios de libertad de expresión y libre competencia, resistiéndose a ser partícipe de medidas reñidas con los mismos", apuntó.
En una segunda resolución, la SIP aseguró que desde que se aprobó hace cuatro años la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como ley de medios, se ha producido en dicho país un "creciente proceso de control oficial de medios de comunicación".
Aseguró que dicha ley "entraña supuestos de censura indirecta en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, ya que afecta a la sustentabilidad de los medios privados" y "restringe sin razón técnica alguna el funcionamiento de medios que no utilizan espectro radioeléctrico, como el cable y las señales audiovisuales". Asimismo, "favorece a las voces oficiales en desmedro de las restantes, y discrimina arbitrariamente entre distintos medios".
La SIP rechazó "la aplicación selectiva, como sistema de premios y castigos, de esa y otras normas legales" y reclamó "al Poder Ejecutivo de la Argentina el cese de las presiones al Poder Judicial, que amenazan el rol de este último como garantía de los derechos constitucionales". También exhortó a "evitar el uso de la Ley de Mercado de Capitales para intervenir y tomar el control de empresas de medios" y pidió al Congreso argentino no "otorgarle el control de la fabricación de papel de diario a los gobiernos de turno".
Junto a la resolución, la asamblea general de la SIP aprobó y publicó hoy una serie de informes que analizan la situación de la libertad de prensa en cada uno de los países del continente durante los últimos seis meses, desde el pasado marzo.
En el caso de Argentina, afirmó que "el último semestre ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística". Entre ellos citó "el boicot publicitario que sufren algunos medios", como los diarios Clarín, La Nación y Perfil que "lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas".
Afirmó además que "el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento" o "las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta a la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso".
FUENTE: Agencias Buenos Aires
