Tras la victoria política alcanzada en las elecciones locales, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof sumó ahora una nueva conquista, pero en materia económico-financiera. La Provincia logró resolver el capítulo del canje 2021 al alcanzar acuerdos con bonistas que habían iniciado juicios en Nueva York luego de rechazar, por aquel entonces, la propuesta inicial.
En diálogo con El Cronista, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López remarcó la importancia de "haber arribado a una solución a estos juicios que se iniciaron en forma posterior al cierre de la reestructuración en septiembre del 2021" e involucraban a bonistas que no aceptaron en ese momento la propuesta. "Es muy importante, sobre todo, porque es una solución en términos equiparables con el momento del canje, lo que le permite la provincia afrontar la obligación y seguir funcionando".
-¿Qué monto alcanza?
-Los bonistas habían logrado sentencias en los diferentes juicios de aproximadamente 169 millones de dólares y nosotros logramos una solución que involucra a una canasta de bonos y algo de efectivo que, a valor de mercado de esa canasta, es hoy aproximadamente u$s 106 millones.
-¿Y en qué plazos deberían empezar a pagar?
-Una parte en efectivo ya fue pagada y los bonos son los mismos que emitimos en su momento para el canje, que tienen vencimiento en el año 2037.
-¿Con esto queda liberada la provincia de compromisos o todavía tienen que resolver algunas otras deudas?
-Quedamos liberados de los juicios correspondientes a esta reestructuración. Queda un monto pequeño flotante que no ingresó a la reestructuración pero que no está en juicio y entendemos que debe estar disperso por algún lado pero que no está identificado.
-¿Y cómo se encuentran respecto de las necesidades de financiamiento?
-Bueno, es un desafío grande como el que venimos afrontando en estos años, sobre todo desde el año pasado, cuando las condiciones fiscales cambiaron producto de las decisiones del gobierno nacional, el recorte a las transferencias no automáticas. Pero también el impacto que tuvieron las políticas económicas en la actividad económica, que lógicamente afecta también a la recaudación. Por lo tanto estamos transitando un momento difícil pero creo que venimos demostrando que producto de todo lo que venimos trabajando desde que asumió Axel que estamos llevando adelante una gestión fiscal ordenada. El hecho de haber podido llevar la deuda a un perfil de vencimientos acorde con las posibilidades de pago en la provincia, que conseguimos fuentes de financiamiento por ejemplo con organismos multilaterales de crédito, con bancos de desarrollo para proyectos específicos pero que nos permite tener un piso de financiamiento, sobre todo, para gastos de capital, para la inversión en infraestructura... Bueno, hemos mostrado que podemos transitar estos momentos complejos pero, obviamente, trabajando diariamente para intentar mejorar los recursos que tenemos, para trabajar con las prioridades que tenemos en términos de objetivos. También seguimos reclamando el gobierno nacional que cumpla con las obligaciones que no está cumpliendo.
-¿A qué monto alcanzan las deudas del Gobierno con la Provincia? ¿qué es lo que no está cumpliendo la Nación?
-Son muchas deudas que tiene el Gobierno. Por un lado, una cuestión que no afecta directamente en términos fiscales a la provincia pero sí a los bonaerenses, que tiene que ver con las obras que tienen frenadas en todo el territorio de la provincia. Son casi 1000 obras que están interrumpidas y que no arrancan. Es un problema grande para los bonaerenses porque son viviendas inconclusas, son rutas que hace falta mejorar y que no están teniendo las obras que necesitan. Se iniciaron y quedaron interrumpidas, con lo que eso implica. Sacando esas deudas que tienen que ver con los bonaerenses en general, la principal deuda que tiene el Estado Nacional con la provincia tiene que ver con la caja de jubilaciones. Como vos sabés, las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación tenemos un esquema, o teníamos un esquema, por el cual la Nación está obligada por ley a transferir a la provincia el equivalente o parte de los fondos para cubrir su déficit. La verdad que incumplió con esas transferencias, no lo está haciendo. Esa deuda ya acumula más de 1 billón de pesos. A eso se suman deudas que tienen que ver con atrasos y no actualizaciones vinculadas a las compensaciones que el gobierno nacional se comprometió con las provincias por el consenso fiscal del 2017; cuestiones que tienen que ver con el área de transporte, transferencias que tienen que hacer a las provincias y a nosotros también; el fondo de incentivo docente que tampoco está cumpliendo... Todas esas deudas, que son deudas directas, fondos que tienen que transferir a la provincia de Buenos Aires suman, aproximadamente, entre 3 y 4 billones de pesos, con lo cual estamos hablando de montos que son muy significativos para todas las provincias y para la nuestra en particular.
-¿Es posible cubrir parte de ese financiamiento con el sector privado, como en algún momento plantea el Gobierno a la hora de hablar de obra pública?
-Hay inversiones en infraestructura que nosotros estamos llevando adelante. En la medida de lo posible estamos sosteniendo las obras, el gasto de capital de las zonas que son de jurisdicción provincial. Estamos convencidos que hay un rol que tiene que cumplir el sector público en obras de infraestructura que son esenciales, que tienen un impacto muy grande y que el sector privado no va a cubrir. Estamos hablando de escuelas, de hospitales, de enormes obras que tienen que ver con lo hídrico. Por ejemplo, hemos avanzado muchísimo con el dragado del río Salado. Es prácticamente imposible pensar que el sector privado se va a ocupar ese tipo de obras, que no tiene una rentabilidad inmediata del tipo privada. La del río Salado tiene un impacto muy grande para muchos campos que se venían inundando y que hoy pueden producir en esas tierras. Pero bueno, son obras que necesariamente tiene que encarar el sector el sector público. Lo mismo la mejora de gran cantidad de rutas que estamos llevando adelante, entonces es muy difícil pensar que el sector privado se va a ocupar de este tipo de cuestiones. Hablar las escuelas en diferentes lugares de la provincia para poder garantizar la educación pública y de calidad a todos los bonaerenses. Con lo cual, me parece que pensar que el sector privado va a hacerse cargo de las responsabilidades que tiene el sector público es, como mínimo, ingenuo si no es que es otra cosa.
-¿Cuánto les perjudica que el gobierno esté vetando la ley de reparto automático de ATN?
-Uno de los puntos que no mencioné son los aportes del tesoro nacional que el gobierno no está cumpliendo. El nombre aportes del tesoro nacional puede resultar engañoso. Los ATN surgen de la ley de coparticipación, que establece que un 1% se destina a las provincias, pero no por el mecanismo automático por el cual va la coparticipación sino a solicitud de las provincias para atender emergencias y desequilibrios financieros. Entonces, son fondos de las provincias pero que reciben a partir de pedidos al gobierno nacional, que tiene esos fondos que recauda con este fin, para que atiendan emergencias y posibles desbalances financieros. Para que te des una idea, el gobierno nacional recaudó y no distribuyó aproximadamente $ 1,3 billones. Las provincias estamos enfrentando problemas financieros porque teníamos un contexto en el cual contábamos con una cierta cantidad de recursos que hoy no contamos, con lo cual ya de por sí más allá de que administremos bien esos recursos, estamos enfrentando una situación de desbalance financiero. Veníamos con una realidad y la realidad cambió. Ahora el gobierno nacional no distribuye esos fondos con el argumento supuesto de que tiene que sostener cierto equilibrio fiscal, pero la ley dice que esos fondos son para las provincias. Le genera un problema a las provincias porque no distribuye esos fondos incumpliendo con la ley entonces los gobernadores se juntaron y se pusieron de acuerdo, llegaron a un consenso para generar una ley, que aparte tuvo sanción por diputados y por senadores, por la cual como el gobierno nacional no está cumpliendo con la obligación que tiene que es transferir esos recursos, bueno, ahora esté obligado a transferirlos de manera automática. Eso es beneficioso para las provincias porque nos permite contar con esos fondos para hacer frente a las situaciones de emergencia que venimos afrontando, porque a todo esto se suman situaciones climáticas imprevistas que la gran mayoría de las provincias tenemos que enfrentar en el último tiempo, como fueron las inundaciones en Bahía Blanca, inundaciones que estamos sufriendo en muchos distritos del interior de la provincia.
