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Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre en las elecciones de medio término. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y los legisladores electos asumirán el 3 de enero de 2027.
La contienda llega en un escenario muy distinto al de hace un año, con una guerra abierta, tasas que no ceden y un esquema comercial en reconstrucción. Según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), lo que salga de las urnas tendrá efectos que cruzan la frontera y llegan hasta la Casa Rosada.
Elecciones en Estados Unidos: una guerra que se instaló en la campaña
El conflicto entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero de 2026 y se prolongó mucho más de lo previsto. Desde entonces, el Brent promedió los u$s 94 por barril, y el petróleo se mantiene por encima de los u$s 100.
El impacto llegó al bolsillo de los votantes. El galón de nafta alcanzó los u$s 4,27 el 26 de octubre de 2026, con una suba acumulada de 52,7% en el año. El diésel casi duplicó su precio y ya supera los u$s 6 por galón. Además, la guerra lleva un costo de u$s 43.500 millones y la Casa Blanca tiene trabado en el Congreso un pedido adicional por u$s 87.600 millones.
En el plano legislativo, la Cámara de Representantes votó tres veces para poner fin al conflicto. En el Senado, la última resolución de poderes de guerra fue rechazada por 49 votos a 50, con cuatro republicanos acompañando a la oposición.
El informe plantea dos lecturas posibles. Si los republicanos pierden, Donald Trump podría profundizar el conflicto para compensar el golpe electoral con una “victoria” militar. Si les va bien, podría interpretarse como una validación de su estrategia. CEPA agrega que, por su condición de exportador neto de energía y por la creciente dependencia de Europa y China de ese abastecimiento, Estados Unidos tiene incentivos para prolongar la guerra más allá del resultado.
Para la Argentina, el conflicto es un arma de doble filo. El petróleo caro generó términos de intercambio récord, que explican buena parte de los u$s 14.000 millones comprados por el BCRA y una balanza energética que aportaría más de u$s 5000 millones hasta fin de año. Pero ese mismo escenario sostiene las tasas globales en niveles que mantienen cerrado el acceso al financiamiento externo.
Tasas en máximos y un Congreso que podría influir
En septiembre de 2026, la Reserva Federal, conducida por Kevin Warsh, subió su tasa de referencia 0,25 puntos porcentuales, hasta 3,75%, por unanimidad y con la proyección de una nueva suba.
La medida no tranquilizó al mercado: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a 5,3%, el nivel más alto desde 2002. Hoy ronda el 5,0%, después de que empresas vinculadas a la inteligencia artificial informaran ingresos menores a los esperados.
CEPA identifica tres causas detrás de la escalada:
- La inflación asociada a la guerra.
- Un déficit fiscal cercano al 6% del PBI (con una deuda que pasaría de 125,8% a 128% del PBI hacia 2028).
- La enorme demanda de crédito para inversiones en IA.
Según el informe, un Congreso opositor podría limitar nuevas bajas de impuestos e impulsar gestos de consolidación fiscal, aunque la oposición todavía no fue clara en sus propuestas. También menciona que una victoria demócrata que revierta la política antiinmigratoria podría sumar trabajadores al mercado laboral.
La tasa de desempleo bajó a 4,2%, pero CEPA aclara que no refleja un mercado más fuerte, sino una caída en la participación laboral. Con el tiempo, más trabajadores podrían elevar el desempleo y empujar a la Fed hacia tasas más laxas.
Sobre la IA, el informe advierte que mayores controles podrían bajar la demanda de financiamiento y, con ella, las tasas. Pero eso vendría acompañado de una fuerte caída de los mercados accionarios globales. Para la Argentina, ese cóctel no sería un viento de cola: lo más probable, indica CEPA, es una suba del Riesgo País.
Aranceles: el Congreso y el límite de los vetos
El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema resolvió por 6 votos a 3 que la ley de emergencias económicas (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles. El esquema actual se apoya en otros instrumentos:
- Sección 301 (trabajo forzoso): alcanza a 60 economías desde el 24 de julio de 2026, con aranceles de 10% a 12,5%.
- Sección 301 (Brasil): 25% para bienes brasileños desde el 22 de julio de 2026.
- Sección 232: hasta 50% para acero, aluminio, cobre, autos, madera, semiconductores y productos farmacéuticos.
- Sección 338: hasta 50% para productos seleccionados de Canadá.
El arancel promedio efectivo sobre las importaciones es de 11,1%, con una proyección de 11,8% a fin de año.
Un Congreso de mayoría demócrata podría proponer límites, por ejemplo, que los nuevos aranceles caduquen a los 60 días salvo aprobación legislativa. Pero cualquier ley requiere la firma presidencial o dos tercios de cada cámara para superar un veto, por lo que lo más probable es que las secciones 232, 301 y 338 sigan vigentes, con mayor control político. Lo que queda descartado es cualquier nueva delegación de facultades arancelarias.
En el mundo, el informe anticipa un esquema alto pero más fragmentado, con mayor incertidumbre jurídica y con los reembolsos de aranceles anulados, estimados en u$s 166.000 millones, como presión fiscal adicional. La Argentina sigue alcanzada por los aranceles de la Sección 232 sobre acero y aluminio.
Además, el acuerdo comercial firmado con Washington, que según CEPA impone 15 áreas de compromiso al país y apenas 2 (y condicionadas) a Estados Unidos, podría quedar bajo mayor escrutinio de un Congreso más atento a los productores estadounidenses.
El respaldo a Milei y el “hueco” de 2027
El impacto para el país corre por dos carriles: el financiero, a través de las tasas, y el político, porque Trump es el principal aliado de Javier Milei. Su gobierno intervino antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025 con un swap por u$s 20.000 millones y la intervención directa del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios. Tanto Scott Bessent como Luis Caputo sostienen que ese apoyo podría repetirse en 2027.
Sin embargo, los demócratas presentaron en ambas cámaras la “No Argentina Bailout Act”, para suspender el swap, y la “American Farmers First Act”, para compensar a los productores estadounidenses perjudicados por la competencia argentina. Con mayoría demócrata, estos proyectos no impedirían por sí solos una nueva asistencia, pero la dificultarían y elevarían su costo político.
Ahí aparece el número que preocupa. Según estimaciones de CEPA, sin la colocación de Bonares, el Tesoro podría necesitar comprarle al BCRA unos u$s 12.500 millones en 2027. A eso se suman pagos netos a organismos internacionales por u$s 4000 millones, de los cuales u$s 2700 millones corresponden al FMI. Hasta ahora, las tensiones con los organismos se resolvieron porque terminaron cediendo ante la presión de Trump para seguir financiando a Milei, y un Congreso opositor con una Casa Blanca debilitada podría alterar esas prioridades.
La paradoja, concluye CEPA, es que un triunfo demócrata podría mejorar las condiciones financieras globales, pero debilitaría el respaldo político del que depende el programa económico para atravesar 2027. Y como Trump no puede presentarse a otra reelección y podría quedar como “pato rengo”, el informe no descarta que radicalice su agenda sabiendo que le quedan solo dos años de poder.