Luego de que el Gobierno publicara el primer día hábil de enero un DNU que le amplía el poder a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), la oposición estalló en redes y presentó una nota dirigida a las autoridades del Congreso para constituir con “urgencia” las comisiones correspondiente para su tratamiento. No obstante, el oficialismo puede blindarlo con ayuda de los aliados, que pondrán otra vez a prueba su poder de fuego.
El decreto 941/25 comenzó a circular a la madrugada del jueves 1 de enero, mientras todavía el país seguía brindando por año nuevo, y fue publicado en el Boletín Oficial el pasado viernes, días después de que culminara el primer tramo de extraordinarias.
La estrategia del asesor presidencial Santiago Caputo, el cerebro detrás de la reforma, fue negociar darle un lugar fuerte a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro de la estructura de inteligencia y aprovechar el receso parlamentario para ganar tiempo.
No dejó de ser una maniobra osada, puesto que el presidente Javier Milei tiene en el historial que los avances sobre los servicios de Inteligencia no tuvieron buena recepción en el Congreso: todas las modificaciones a la Ley de Inteligencia durante su gestión tuvieron que ser vía DNU y el único decreto rechazado por ambas Cámaras en la historia es el que le había otorgado $100.000 millones a la SIDE en materia de fondos reservados.
En aquel entonces el presidente del PRO, Mauricio Macri, bajó la orden para que sus alfiles lo rechacen y hoy el bloque amarillo tiene nuevamente la llave para determinar el futuro de la reforma, si es que la oposición insiste con presionar por su rechazo en el Congreso como tanto agitó durante las últimas horas.
“Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y de la comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia", esbozó la nota que presentó a la tarde del mismo viernes el interbloque de Unidos ante el presidente de Diputados, Martín Menem, y la presidente del Senado, Victoria Villarruel.
Las críticas por parte del socialismo y el peronismo también abundaron y el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó la misma nota por su cuenta. “No hay necesidad y urgencia. Llamen a extraordinarias y manden proyecto de ley”, justificó en X.
Cuando se trata de DNU, el Congreso puede abocarse aunque estén en receso parlamentario, pero la mayoría de los diputados y senadores no volverán de sus provincias hasta mediados de enero, para cuando el oficialismo pretende retomar la negociación por las reformas que se tratarán en el segundo tramo de sesiones extraordinarias de febrero.
Puntualmente, es la comisión de Trámite Legislativo, que está encargada de dictaminar a favor o en contra de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y es de carácter permanente, tiene un plazo de diez días hábiles para expedirse desde la presentación del jefe de Gabinete. Una vez vencido, las Cámaras pueden abordarlo por su cuenta.
De esta manera, las fuentes del Congreso resaltan que en febrero las Cámaras ya podrán tratarlo por mayoría simple. Lo más conveniente para la oposición es intentar primero ir por la vía de la comisión, aunque se haya vencido el plazo, para que el oficialismo no reclame mayorías especiales: así fue como en su momento el diputado Nicolás Massot orquestó la baja del DNU de fondos reservados.
Dado que durante ese tramo el oficialismo llamará a sesión para la modernización laboral, la ley de Glaciares y otros proyectos que incluirá en el temario de extraordinarias, con juntar la mayoría, la oposición puede incluir el rechazo del proyecto o bien llamar a una sesión exclusivamente para eso, de conseguir el quórum. Las fuentes consultadas aseguran que avanzarán en ese sentido.
Los aliados de la UCR y el PRO serán decisivos para eso. Mientras que del radicalismo todavía se mantienen en silencio, desde el bloque de Cristian Ritondo, quien es cercano al asesor Santiago Caputo pero no atraviesa el mejor momento con La Libertad Avanza, no expresaron su inmediato apoyo a la reforma y emitieron un comunicado en el que se atajaron de que están “analizando” el decreto.
“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, esbozó el bloque PRO, lo cual desató réplicas de parte de los opositores no peronistas. “Deben ser ricas las cenas en Olivos”, ironizó por caso el diputado Esteban Paulón, socialista de Provincias Unidas.
Como La Libertad Avanza tiene mejores números en el Congreso que durante el primer tramo de gestión, las chances de que consiga blindar el DNU son más altas pero tampoco lo tienen garantizado sin el apoyo de todos los aliados. El bloque todavía no habló para definir una estrategia con respecto del DNU pero aseguraran que “no creen” que vaya a ser un problema en la agenda y que, en cualquier caso, “vamos a salir a defender el DNU del Presidente”.
Los gobernadores también jugarán un rol clave, ya que serán los árbitros de las mayorías, y en base a eso el oficialismo deberá decidir si conviene tratarlo y blindarlo (con la aprobación de una Cámara basta) o directamente evitar que el Congreso se expida, como sucedió con el primer DNU que reestructuró a la Secretaría de Inteligencia.
Con todo, los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, junto a el socialista de Unidos, Esteban Paulón, también procedieron con un acción de amparo y una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4 para que el decreto quede suspendido. Entre los argumentos, pisan fuerte en que el DNU contempla materia penal, algo que está prohibido por la Constitución Nacional.
“No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional. Avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184″, resumió Paulón en X.
Los puntos claves de la nueva SIDE
Dentro de los principales cambios que introdujo el Gobierno en la nueva SIDE, ahora dirigida por Cristian Auguadra, se encuentra la creación de una Secretaría de Innovación que tendrá a su cargo además un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, en manos de que la jefatura de Gabinete que hoy ocupa Manuel Adorni, mano derecha de Karina Milei.
También la creación de una Comunidad de Inteligencia en la confluirán todos los organismos especializados del Estado que producen inteligencia, de manera tal que se amplía la allegada de la SIDE a todas las áreas del Estado.
A su vez, el decreto explicita la contrainteligencia como una actividad preventiva para detectar y analizar espionaje, y empodera al Estado Mayor Conjunto al dejarlo a cargo de toda la producción de inteligencia estratégica militar con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM).
La reestructuración también amplió las facultades de la División de Asuntos Internos que quedó a cargo de Jorge Francisco Lago Rodríguez, la cual pasó a denominarse Inspectoría General de Inteligencia.
Con todo, el cambio más polémico se trata de la posibilidad de que los espías tengan facultad para detener personas sin orden judicial durante actividades de inteligencia, por auxilio o requerimiento judicial y en casos de flagrancia, con aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad".
