La oposición resolvió avanzar con la reforma de la Ley de Alquileres en Diputados. El tema se tratará en el recinto el próximo miércoles y el objetivo es darle media sanción para girarla al Senado. En lugar de su derogación, analizan introducirle una serie de modificaciones.
Los jefes de bloque de Juntos por el Cambio, y representantes de las bancadas de Unidad Federal y del Interbloque Federal terminaron de consensuar este mediodía la estrategia que pondrán en marcha en la sesión convocada, por prácticamente todos los bloques, para el 23 de agosto.
Al menos por ahora, confían en que reunirán los 129 diputados que se requieren para poner en marcha la sesión. Es que, además de esos tres bloques, adhirieron al pedido de sesión los libertarios que responden a Javier Milei.
Qué pasará con la Ley de Alquileres
El primer objetivo que se propusieron los diputados opositores es rechazar el dictamen de mayoría, impulsado por el Frente de Todos. A grandes rasgos, ese texto sostiene el grueso de la ley sancionada en 2020. A esta, le añade una serie deincentivos fiscales.
Entre ellos, que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen Bienes Personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de $ 30 millones.
Superado ese escollo, los diputados de la oposición acordaron, en un encuentro que celebraron vía zoom, tratar el dictamen de la oposición que resultó ser el de minoría durante su debate en comisión. Pero, por estas horas, trabajan en introducirle modificaciones. Este dictamen, a grandes rasgos, prevé un contrato de dos años (la actual ley los elevó a tres).
Por otro lado, plantea un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de esos índices.
Hoy, los ajustes se hacen a partir de un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del IPC y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables Ripte.
Y, por último, una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año. La ley actual fija que la actualización es anual.
Los cambios que analiza la oposición
Según acordaron los diputados que participaron del encuentro, en el recinto se sostendrá que los contratos de alquiler vuelvan a tener una duración de dos años y que el ajuste sea acordado entre las partes, sin dar precisiones de lapsos, tal cual lo establece el Código Civil y Comercial que rigió hasta la sanción de la ley, en 2020.
De todas maneras, según aclararon desde Juntos por el Cambio, todavía "no está cerrada la redacción, se trabajará incluso en el recinto". Y subrayaron que el "justo equilibrio permitirá que salga esta media sanción".
Por último, según trascendió, no se pedirá que se traten los proyectos de derogación de toda la ley, "porque no tienen dictámenes". Es por eso que se requeriría de la venia de dos tercios de los diputados que, se sabe, no la tendrán. Tanto el Frente de Todos como la Izquierda ya expresaron su rechazo a esa posibilidad.