En esta noticia
El Gobierno sufrió un revés inesperado en medio de la pausa judicial de invierno: la Justicia resolvió habilitar la feria para dar curso a una medida cautelar que apunta a reactivar los programas alimentarios que el Gobierno discontinuó a principio de año. La decisión llega en medio de la puja que mantiene la gestión de Javier Milei en los tribunales respecto a otra denuncia en torno a su política social a partir del stockeo de alimentos que aún no se repartieron.
El juez federal en lo contencioso administrativo Martin Cormick decidió habilitar la feria judicial para ejecutar la medida cautelar que había sido emitida por otro magistrado, el juez Walter Lara Correa, contra el Ministerio de Capital Humano. Allí la Justicia obliga al Gobierno a cumplir con los programas alimentarios vigentes, que acorde a la denuncia presentada fueron discontinuados desde febrero, causando un desabastecimiento en los comedores comunitarios.
A través de una presentación impulsada por la UTEP, dirigida por Juan Grabois, y el CELS, bajo una personería unificada, se demandó la apertura de la feria judicial bajo el principio de que se está vulnerando "el derecho a comer para cientos de miles de personas".
Precisamente, uno de los argumentos clave del fallo de Correa es que hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial para "asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada del colectivo representado ".
Bajo esta premisa, se dispuso que se "ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que asegure su efectiva ejecución evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional".
Según consta en el expediente, el 17 de abril último la representación legal de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros -en carácter de tercero interesado- junto a los abogados del CELS, solicitan la habilitación de la feria judicial en los términos del artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 4º del Reglamento para la Justicia Nacional y de acuerdo a los términos del protocolo vigente para la presentación de escritos de Habilitación de Feria Judicial (Procedimiento Acordada 38/20 de la CSJN), a fin de efectuar el trámite de ejecución de la medida cautelar dictada en estos autos en fecha 12 de julio de 2024
Qué le reclama Grabois y el CELS al Gobierno
Según consta en los pedidos de informes realizados por la Justicia a la Subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano y la respuesta brindada por el Gobierno el 27 de mayo último, las autoridades reportaron que los planes y programas vinculados a las prestaciones alimentarias existentes en el gobierno anterior continúan vigentes. Entre ellos citaron el Plan Nacional Argentina contra el hambre, el Programa Nacional Alimentar Comunidad y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo - PNUD Abordaje Comunitario.
Sin embargo, la información brindada en el expediente, a abril pasado, mostraba "que algunos de ellos habrían tenido tan sólo principio de ejecución". "A fin de asegurar que la totalidad de los comedores y merenderos incluidos en los planes y programas vigentes puedan encontrarse operativos y cumplir con sus tareas, resulta necesario que se adopten medidas en el marco del presente proceso", exhortó la defensora oficial Florencia Plazas.
En la demanda por una medida cautelar, las partes afectadas argumentan que se busca que Capital Humano "continúe, a través de los distintos organismos gestores, con el cumplimiento de los objetivos y logros comprometidos en sus respectivas presentaciones asegurando un contexto de progresividad en la implementación y ejecución de los distintos programas existentes".
Refiere en esencia a la asistencia directa de los comedores y merenderos comunitarios citando "la escasa información brindada respecto de la situación de los comedores no conveniados en el Proyecto PNUD y que se encuentran dentro del Plan Nacional Alimentar Comunidad".
Oportunamente, el Gobierno sostuvo que se desarrollaba una auditoría para detectar los comedores y merenderos "truchos", para transparentar el envío de alimentos acorde a los registros de los programas.
En paralelo, desde Capital Humano profundizan su estrategia judicial en torno al expediente por el reparto de alimentos desde los depósitos en Tucumán y Provincia de Buenos Aires. Hace solo unos días, Ariel Romano, uno de los abogados que intervino, a la par de la subsecretaria legal Leila Gianni, fue designado en el Boletín oficial como director jurídico en el ministerio.
Luego de que ocho jueces en cuatro instancias judiciales le ordenaran distribuirlos, Capital Humano pidió asistencia al procurador del tesoro Rodolfo Barra para presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. Aquel tribunal de alzada también determinó, por unanimidad, a favor de la decisión de las instancias previas de presentar un plan de reparto de alimentos para su ejecución.
A través de la Sala II, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, rechazaron el último recurso presentado por Capital Humano por carecer de la debida fundamentación, a lo que se sumaba que la resolución poseía doble conformidad judicial, ya que tanto el juez Casanello como la Cámara de Apelaciones -a través de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico- se pronunciaron de igual forma.
En simultáneo, otro juez federal del fuero Contencioso Administrativo, Lara Correa ratificó la orden de entregar alimentos y restituir las políticas alimentarias en el marco del amparo colectivo impulsado por la UTEP y el CELS. Esta fue la decisión que Cormick ordenó activar hoy mediante la habilitación de la feria judicial.
