La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó este lunes al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia que cuestionaba el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos.
Según surge del dictamen, al que accedió El Cronista, el Ministerio Público concluyó que no existen elementos suficientes para configurar delito alguno en el uso de la aeronave oficial ni en los gastos asociados al traslado.
“No se advierte la concurrencia de los extremos tipificados en el art. 260 del Código Penal ni en otras figuras legales contempladas”, sostuvo la fiscal en su presentación, al descartar la hipótesis de malversación de fondos públicos. La causa, en manos del juez Daniel Rafecas, corre en paralelo a la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete que instruye el juez Ariel Lijo con el fiscal Gerardo Pollicita.
El análisis de la fiscal Mangano se apoyó en los informes remitidos por la Secretaría General de la Presidencia —en relación al uso del avión— y por la Jefatura de Gabinete, que detalló el resto de los gastos del viaje. A partir de esa documentación, Mangano concluyó que no hubo irregularidades que ameriten la continuidad de la investigación. Ahora la decisión descansa en el juez del expediente.
En esa línea, el dictamen también evaluó la composición de la comitiva oficial y la capacidad de la aeronave utilizada —un Boeing 757-200 con 39 plazas— para determinar el impacto del traslado. El resultado fue determinante: la inclusión de Bettina Julieta Angelette en el vuelo no implicó un costo adicional para el Estado.
“La decisión de cursar una invitación […] constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, señaló la fiscal, al tiempo que remarcó que el viaje “no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria”. En rigor, coincide con el argumento que esbozó en su momento el presidente Javier Milei sobre los “costos marginales”.
El dictamen agrega además que existían “más de 10 plazas disponibles” en los tramos realizados entre el 6 y el 11 de marzo, lo que refuerza la inexistencia de perjuicio económico.
Con estos fundamentos, el Ministerio Público consideró que los hechos denunciados “carecen de entidad penal” y recomendó el archivo del expediente. La decisión final ahora queda en manos del juez Rafecas ya que la posición de la fiscalía no es vinculante para la resolución del expediente.
El caso se había abierto a partir de cuestionamientos sobre el uso de recursos oficiales y el eventual beneficio personal derivado del viaje. Sin embargo, la fiscalía entendió que el accionar se encuadra dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo y no configura delito.