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El Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara Federal de San Martín fallara en segunda instancia en favor de municipios que habían cuestionado en los tribunales una resolución que buscaba limitar el cobro de tasas.
Esta decisión, que confirma lo establecido por el juzgado federal de Campana, ratifica también la autonomía de los gobiernos locales.
A mediados del año pasado, desde el Palacio de Hacienda -pero con particular participación de su titular- se lanzó una campaña pública para denunciar el cobro de distintas tasas municipales. Desde las Secretaría se emitieron resoluciones que buscaban limitarlas o evidenciar su cobro.
Por ejemplo, se emitió una orden que imponía la colocación de carteles en las estaciones de servicio de los distritos en los que se cobrara la "tasa vial", un mecanismo adoptado por los intendentes para fortalecer sus arcas. Si bien los jefes comunales se vieron obligados a cumplir con esa solicitud, siguen reclamando la coparticipación del impuesto nacional a los combustibles líquidos que cobra Nación.
Tasas municipales: el origen de la disputa con Caputo
Sin embargo, el mayor problema se generó en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio, emitió la Resolución Nº 267, mediante la cual se prohibía que las tasas incluyeran cualquier concepto que no correspondiera al precio contratado por el consumidor.
Esa medida impactaba en una estrategia adoptada en muchos municipios como es el cobro de la Tasa de Alumbrado Público en la boleta de electricidad domiciliaria. En aquel momento, el ministro Caputo cruzó públicamente a los intendentes, que fueron a la Justicia para reclamar el cese de la resolución.
El fallo fue obtenido ayer por la intendencia de San Martín y hoy por la de Escobar, ya que la inconstitucionalidad se dicta para un planteo o caso en concreto. Sin embargo, otros municipios que han cursado acciones similares en ese tribunal podrían esperar resoluciones similares.
Desde la intendencia que conduce Ariel Sujarchuk dijeron que la Justicia "dejó claro una vez más que la resolución emitida por orden del ministro de Economía, Luis Caputo, no solo conllevaba un grave perjuicio social sino también una inusitada gravedad inconstitucional".
La resolución, de mantenerse, limita "la capacidad de los municipios para financiar los costos del alumbrado público, la recolección de residuos y el mantenimiento de las calles, sino también la realización de inversiones clave vinculadas a la salud, la educación y la seguridad".
