El Gobierno anunció este lunes el programa financiero para 2026 y 2027. El esquema no contempla el pago para los juicios con sentencia firme que el Gobierno le reveló al FMI que negocia para alcanzar un acuerdo, como es el caso de los bonos cupón PBI en euros.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado acerca de la negociación que dijeron al FMI que estaba en curso para alcanzar un acuerdo con los demandantes, que reclaman más de u$s 1800 millones.
Al respecto, y como es habitual en casos legales, el ministro se limitó a remitir a que el tema es llevado adelante por los abogados que representan a Argentina: “Es algo que tenemos que ver con la parte legal, son temas mucho más complejos de lo que parecen y es más un tema legal que financiero. Esa estrategia la tenemos que compartir con los abogados y, en función de lo que recomienden ellos, nosotros actuaremos en consecuencia”.
La expectativa por alcanzar un acuerdo con los demandantes, que tienen sentencia firme en Inglaterra y encima buscan ampliar la demanda por otros u$s 1800 millones adicionales, se reavivó luego de que se aprobara el acuerdo con holdouts con juicios en Estados Unidos.
El Congreso aprobó el 24 de junio el pago a los fondos Bainbridge ltd y Attestor Value Master Fund por u$s 171 millones, luego de las que negociaciones consiguieran una quita del 30% y 35% sobre el total reclamado por los fondos, que también contaban con una sentencia firme favorable.
El acuerdo consiguió que los fondos retiraran sus reclamos para avanzar sobre distintos activos de Argentina, como acciones de YPF y otras empresas. También permitió que se dieran de baja los reclamos en curso.
En el caso de los bonos cupón PBI, la Corte Suprema de Reino Unido obligó a Argentina a pagar u$s 1800 millones. Desde entonces, los demandantes pudieron hacerse de u$s 300 millones mientras corren los intereses diarios.
En su última revisión, el FMI reveló que el Gobierno mantuvo reuniones informales con los acreedores el año pasado y que estos plantearon su intención de abordar la sentencia.
“Las autoridades manifestaron su preferencia por resolver la cuestión de los warrants del PIB de forma integral y su intención de hacerlo una vez que se hayan resuelto los impagos a los acreedores disidentes derivados de reestructuraciones de deuda anteriores. Dado que estas últimas están próximas a su resolución definitiva, comunicaron al personal que pronto reanudarían las conversaciones con los acreedores de los warrants del PIB sobre esta base”, dijo el FMI.
Los demandantes abrieron otro frente judicial, por el que reclaman u$s 1800 millones adicionales a los que ya cuentan con sentencia favorable. El argumento es que Argentina incumplió lo ordenado por la Corte inglesa sobre la actualización de la metodología para el cálculo del PBI para el período 2014-2024.
Según reclaman, el nivel de PBI para 2013 es hasta un 12% inferior al que determinó la justicia británica que debía tomarse como base. Eso por ello que, argumentan, se adeuda el monto reclamado por impagos e intereses para los años 2017, 2021 y 2022.
El programa financiero anunciado por Caputo refleja obligaciones a cubrir y las fuentes de financiamiento. En él no incluye referencia a los pagos de estos títulos, principalmente porque no se conoce que se haya alcanzado un acuerdo de ningún tipo con los acreedores, ya sea por el pago completo o como se hizo con Attestor y Bainbridge, con una quita.
El abogado Sebastián Maril, que sigue hace años los litigios argentinos, dijo en redes sociales: “Insisto que el Gobierno deberá salir al mercado para pagar el juicio de los warrants en euros. Son cerca de u$s 2000 millones. No creo que pague con reservas y recomiendo no esperar post-2027. Puedo equivocarme”.