En los últimos días, y a raíz de la cercanía del feriado del 24 de marzo, día que conmemora a las víctimas de la última dictadura militar; habían comenzado a trascender versiones periodísticas acerca de la posibilidad que el presidente Javier Mileifacilitara las condiciones de exclusión sobre los condenados en delitos de lesa humanidad.
En la noche de ayer, incluso, en un artículo publicado por el periodista Carlos Pagni, se sugirió que "Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva, sin que se resuelva su situación procesal, en causas de lesa humanidad".
No obstante, el Gobierno nacional no impulsará ningún cambio reglamentario para que ancianos condenados por delitos de lesa humanidad tengan facilidades para acceder a prisión domiciliaria. Así lo confirmaron fuentes autorizadas de Casa Rosada a El Cronista.
La respuesta de Milei
Durante esta tarde el Presidente salió a desmentir esas versiones al cruzar a un periodista que aseguraba que se habilitaría la prisión domiciliaria a los represores mayores de edad. "Venís operando fuerte con esta gran mentira... espero que cuando los hechos dejen en claro tu mentira pidas perdón por tus mentiras operadas...", le respondió el jefe de Estado.
"Es falso", había confirmado a este medio horas antes del tuit presidencial el vocero Manuel Adorni. Durante la conferencia que mantuvo esta mañana, dijo que el operativo en las calles va a estar a cargo de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, que no aplicarán el denominado "Protocolo Antipiquete".
Desde Casa Rosada indican que no utilizarán la política anticorte porque la circulación vehicular y de personas que utilizan el transporte público para movilizarse a sus trabajos baja considerablemente durante los fines de semana. Aun así, el factor preponderante es lo simbólico de la fecha: al igual que los años anteriores, se espera una multitudinaria marcha rumbo a la Plaza de Mayo. "Esperamos que sea un día de reflexión para todos, en absoluta paz y tranquilidad", añadió Adorni esta mañana.
La previa del Gobierno al 24 de marzo y el polémico spot
La previa del feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia no estuvo exenta de tensiones. La agrupación HIJOS denunció hoy que dos personas abusaron y amenazaron a una de sus integrantes, dejando después una pintada con las siglas "VLLC", en referencia al "Viva la libertad carajo" que vocifera Milei en sus discursos.
Horas después de darse a conocer la noticia, Milei le dio like a un tuit de una usuaria de la red X en el que relativiza la denuncia: "Increíble que usen a sus desaparecidos para operar contra el gobierno".
El economista libertario hizo toda una definición de principios durante el debate presidencial que tuvo antes de las elecciones primarias: dijo que durante la dictadura se cometieron "excesos" y dijo que a pesar de valorar el reclamo de "Memoria, Verdad y Justicia", dijo que no hay 30.000 desaparecidos.
Menos expresiones realizó la vicepresidenta Victoria Villarruel, perteneciente a la Familia Militar, y presidenta honoraria del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una asociación civil que reivindica a las «otras víctimas» de la década de 1970 y tiende a negar los crímenes de lesa humanidad.
Este medio consultó al respecto de si iban a haber indultos a genocidas de la última dictadura. La respuesta fue negativa: consideran que ello tendría una reacción igual o peor que en las manifestaciones por el 2x1 de Macri. Además, la Ley N°27156 promulgada en 2015 prohíbe la amnistía, indulto o conmutación de pena de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En tanto, el Gobierno sí grabó un spot al respecto de la última dictadura y que será lanzado el mismo 24 de marzo. Grabado por el cineasta y principal productor de los videos que lanzan las cuentas de la Casa Rosada, Santiago Oria, el video consta de un diálogo entre el escritor Juan Bautista Yofre y el exmontonero Luis Labraña; quienes buscarán desarticular lo que ellos consideran hasta ahora el "relato oficial" que se instaló en las últimas décadas a raíz de la reivindicación de los organismos de los derechos humanos.
