En un contexto de asfixia impositiva y con poco margen para ser más eficientes, las industrias de la provincia de Buenos Aires se preparan para judicializar tasas municipales y provinciales. “Nosotros también vamos a ir a la justicia”, dijo un referente del cordón productivo bonaerense luego de asumir el impacto negativo del freno que puso la Corte sobre la ley laboral.
A la queja por el efecto “cascada” que genera el impuesto sobre los Ingresos Brutos, un tributo que, según indican, deja fuera de competencia la fabricación nacional, se suma que llegan a contabilizar siete tasas distintas en algunas jurisdicciones.
En el caso de Ingresos Brutos, la situación afecta tanto al jean que sale con un costo de $ 16.000 de fábrica y se encarece en la cadena de comercialización hasta cinco veces, como a un proveedor del sector energético.
Desde una empresa que produce bombas para extracción de litio indicaron que les fue imposible competir con el mismo producto importado de China: al desarmar el producto que elaboran, contaban con 37 piezas gravadas por Ingresos Brutos. “Se creen que a los que trabajamos con el sector energético nos va bárbaro, pero el peso fiscal nos impide competir”, dijo una empresaria.
A la par, la política de ajuste nacional impulsó la proliferación de tasas a nivel provincial y municipal: “Vamos a ir municipio por municipio”. Pilar es uno de los distritos a los que apuntan los empresarios, donde se contabilizan hasta siete tasas municipales.
En el caso de las tasas municipales, algunas se generan de forma arbitraria, sin contraprestación, lo que derivó en mayor malestar entre los industriales. “Se cobra por cantidad de empleados o facturación, lo que dé más alto”, se quejó un industrial, y explicó que este fenómeno generó que empresas como Kimberly-Clark y Procter & Gamble abandonaran el parque industrial del municipio.
El Cronista consultó cuáles son las tasas que se judicializarán, aunque fuentes al tanto de la iniciativa aseguraron que no se trata de algo generalizado. “Depende de cada caso individual, de cada municipio y de cada empresa”, señalaron.
Desde el aspecto legal-tributario, Diego Fraga, abogado y socio de Expansion Business Argentina, explicó que la característica conceptual de una tasa radica en la prestación de un servicio por parte del Estado que debe ser concreto, efectivo e individualizado. “Para calcular la tasa, lo lógico sería ver cuánto te cuesta prestar ese servicio de manera directa y tener en cuenta algunos costos indirectos. El problema es que la Corte abrió una ‘caja de Pandora’, permitiéndoles a los municipios cobrar la tasa teniendo en cuenta los ingresos brutos”, apuntó.
En la práctica, esto termina generando un “Ingresos Brutos dos”, ya que “son tasas que no tienen nada que ver con el servicio que están prestando y se calculan con un parámetro que no tiene nada que ver con el costo”.
Por lo general, las tasas que suele impugnar la Justicia son aquellas que no responden a una prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado. En estos casos, Fraga indicó que “el monto que se cobra es irrazonable” y se desprende totalmente del costo de “prestar el servicio y resulta confiscatorio”.
Expectativa
El último monitor de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) —encabezada por Alejandro Gentile, director en el Grupo Techint—, con datos hasta octubre de 2025, muestra cinco meses consecutivos con caída de empleo.
Solo en octubre se perdieron 8075 puestos formales. En base a los datos oficiales, en la comparación del primer trimestre de 2025 con el mismo de 2023, el descenso afectó a 13.419 puestos.
Este número, en algunos casos, responde a ajuste de personal y, en otros, a cierre de empresas. En la provincia detectan que la tendencia se acelera con mayor afectación en las micropymes que demandan insumos, lo que encendió luces amarillas y necesidad de planear estrategias de alivio.
Aunque los industriales se quejan de la distante relación con el gobierno de Axel Kicillof, aseguran que gracias a presentaciones y una ventana de diálogo técnico con la cartera de Producción, en 2025, lograron la baja impositiva a dos actividades: cartón y cerveza.
La modificación quedó plasmada en la Ley Impositiva 2026 de la Provincia de Buenos Aires (Ley 15.558). Por ejemplo, en el caso de la fabricación de cartón y papel, la alícuota de Ingresos Brutos quedó en 2,5% (antes era del 3%). Por su parte, para la elaboración de cervezas, la alícuota pasó del 4% al 3,5%.
A la par de la judicialización de tasas, la UIPBA está elaborando una propuesta para presentar ante el gobierno bonaerense, con el foco puesto en reducir gradualmente la alícuota de Ingresos Brutos sin comprometer la recaudación provincial. “En las próximas semanas se va a delinear. Entendemos que se va a analizar la propuesta y eventualmente se trabajará en conjunto”, precisó una fuente en estricto off the record.
Un trabajo de la UIPBA también subraya que la alícuota legal de Ingresos Brutos que recae sobre el sector industrial es de 1,5%. Sin embargo, en términos de su valor agregado, la presión tributaria sobre la industria alcanza el 4,7%, un punto por encima de provincias como Santa Fe y Córdoba.
La principal conclusión es la diferencia entre la alícuota legal (lo que dice la ley) y la presión tributaria efectiva (lo que realmente se paga). Esto sucede porque el impuesto —tal como señalan distintos especialistas en tributación— se acumula en cada eslabón de la cadena productiva, incidiendo aún más en la industria por tener procesos más largos de elaboración.
Pero no solo se trata del efecto “acumulativo en cascada”. En Buenos Aires hay más etapas de producción (eslabonamientos) y, en algunos sectores, un menor peso de exportaciones, lo que reduce el alivio impositivo que generan las ventas externas.