El proyecto de reforma laboral que el oficialismo llevará esta semana al recinto del Senado busca reformatear el sistema de legislación laboral casi por completo y, en ese borrón y cuenta nueva, incorpora cambios sensibles en la regulación de los despidos. El dictamen firmado en diciembre por los legisladores del oficialismo en conjunto con aliados avanza hacia la posibilidad de que las indemnizaciones se paguen en cuotas mensuales, en lugar de abonarse de manera íntegra y en un solo depósito, como establece la legislación vigente. La iniciativa se discutirá en un escenario político en el que el Gobierno asegura contar con los votos necesarios para avanzar. “Si no creyéramos que tenemos los votos, no convocaríamos”, afirmó la senadora Patricia Bullrich al confirmar que el tema será tratado en la Cámara alta. Desde el Ejecutivo insisten en que el texto tiene un alto nivel de consenso y que, de haber modificaciones, serán “superficiales”. Aunque los sindicatos ponen especial atención en cuestiones como la limitación del derecho a huelga y los gobernadores en la posible modificación de las alícuotas del impuesto a las ganancias, la cuestión del resarcimiento por despido modificará de manera clara y contundente un derecho histórico con el que contaban los trabajadores en relación de dependencia. El esquema de indemnizaciones aparece como uno de los puntos más controvertidos, por su impacto directo sobre el ingreso de los trabajadores despedidos y por el nuevo margen de maniobra que se le otorga al empleador. Según establece el dictamen firmado en diciembre, el empleador quedará facultado a abonar la indemnización por despido en un plan de hasta doce (12) cuotas mensuales. A diferencia del régimen actual, ya no será necesario un acuerdo previo con el trabajador para fraccionar el pago: la decisión quedará en manos de la empresa. Hoy, la Ley de Contrato de Trabajo exige que la indemnización se pague en forma íntegra y dentro de los cuatro días hábiles posteriores al despido. Si el empleador incumple ese plazo, comienzan a correr intereses y se habilita el reclamo judicial. Con la reforma, ese esquema se modifica de raíz. El pago en cuotas pasa de ser una excepción acordada entre partes a convertirse en una facultad legal del empleador, con el argumento de aliviar el impacto financiero que una desvinculación puede tener, especialmente en las pymes. El proyecto también introduce cambios en la actualización de los montos: en caso de mora o litigio, las sumas se ajustarán con un tope equivalente a la inflación más un 3% anual, dejando atrás la aplicación de tasas bancarias que, según el Gobierno, inflaban los montos en juicios prolongados. El punto central del debate no es solo jurídico, sino económico. Cobrar en cuotas implica cobrar más tarde, y en un país con inflación, el tiempo juega en contra del trabajador. Supongamos un empleado despedido que debe cobrar una indemnización total de $1.200.000. Si ese monto se pagara de una sola vez, el trabajador dispondría del dinero completo desde el inicio. Con el nuevo esquema, si no se acordara un mecanismo de actualización, recibiría 12 cuotas mensuales de $100.000. Ahora bien, incluso con una inflación relativamente baja para los estándares argentinos, como la de 2025, que fue del 31,5% según el IPC, el deterioro del poder adquisitivo es claro. A lo largo de un año, cada cuota vale menos que la anterior en términos reales. Medido en valores constantes, el trabajador no termina recibiendo el equivalente a $1.200.000 “de hoy”, sino una suma significativamente menor. El efecto acumulado de la inflación implica que el valor real del cobro total se reduce en torno al 14%–15%, lo que representa una pérdida cercana a $170.000 respecto de un pago inmediato. No es que el empleador pague menos en términos nominales, sino que el trabajador cobra más tarde y con pesos que valen menos. Desde sectores sindicales y entre abogados laboralistas, la habilitación del pago en cuotas es vista como un retroceso en la protección del trabajador despedido. Argumentan que la indemnización cumple una función alimentaria y reparadora, que se desnaturaliza cuando se difiere en el tiempo sin que medie consentimiento del trabajador. “Esta ley es un retroceso al siglo pasado. Quieren que los pibes laburen seis u ocho meses sin saber si mañana tienen trabajo”, advirtió recientemente Pablo Moyano al referirse al paquete de reformas laborales, una crítica que también se extiende al nuevo esquema indemnizatorio. En el Gobierno, en cambio, sostienen que la medida apunta a reducir la litigiosidad y a facilitar la continuidad de las empresas. Javier Milei ya había defendido una lógica similar durante el debate de la Ley Bases: “Extender mecanismos que den previsibilidad no es quitar derechos, es permitir que haya empleo y que no todo termine en un juicio laboral”. El régimen de cuotas no es el único cambio que afecta el monto final que perciben los trabajadores. El proyecto también establece límites a la antigüedad computable para el cálculo de la indemnización, fijando un tope de diez años. Esto implica que un empleado con 15 o 20 años de servicio no cobrará un salario adicional por los años excedentes, algo que hoy sí reconoce la ley. Combinado con el pago en cuotas, el efecto es doble: se reduce el monto y se posterga el cobro. El dictamen también introduce un cambio de fondo en la forma de calcular la base salarial sobre la que se determina la indemnización por despido. Mientras que la ley vigente toma como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, el proyecto reemplaza ese criterio por un salario promedio, lo que modifica de manera directa el monto final a percibir por el trabajador. En la práctica, el cálculo dejará de capturar el momento de mayor ingreso del empleado —por ejemplo, tras una paritaria, un ascenso o una recomposición salarial reciente— y pasará a promediar las remuneraciones percibidas en un período más amplio. En un contexto inflacionario, este mecanismo tiende a licuar los aumentos más cercanos al despido, ya que los salarios más bajos del inicio del período arrastran hacia abajo el valor de referencia.