Luego del contundente paro nacional y las preanunciadas medidas de fuerza que el sindicalismo y los movimientos sociales volcarán sobre las calles en las próximas semanas, el Gobierno ajustará las clavijas sobre el Congreso para acelerar la aprobación del Presupuesto y la adenda al Pacto Fiscal hacia comienzos de noviembre con la expectativa de morigerar la protesta social en la calle, que amenaza con escalar hasta fin de año.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, inició la jornada post-paro acompañando la reunión semanal del equipo de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, y ante quienes expuso los aspectos principales del incremento del préstamo renegociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la nueva política monetaria comunicada por el flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y las expectativas oficiales sobre los dos puntos restantes que hoy están al tope de las prioridades en materia económica del Gobierno, y que dependen de hallar el consenso necesario con los legisladores y gobernadores.

Según pudo saber este diario, Peña acusó recibo de la huelga general al advertir que el Ejecutivo insistirá con un rápido tratamiento de la previsión de ingresos y gastos para 2019, que ayer le tocó defender en el parlamento al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el acuerdo que modificaría la presión tributaria sobre las provincias durante el año próximo y el cual demanda en estos días fervientes negociaciones para ampliar su apoyo. Hasta ayer, 15 de los 24 distritos se habían sumado, y cerca de Frigerio advertían que tal cifra podría escalar, a lo sumo, a 21 jurisdicciones. De cumplirse este cronograma, idealizaba ayer Peña, el Gobierno podría "aliviar la tensión" en las calles, sin desentenderse del "problema social real" que requerirá una "especial atención" con transferencias a los sectores más vulnerables.

Bajo este esquema ideal, el Gobierno procura bajar la conflictividad semanas antes de realizarse en Buenos Aires la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), para la cual avizora, de todos modos, un escenario complejo con las principales centrales obreras dirigiéndose hacia el Complejo Costa Salguero, donde será el encuentro, con un mensaje altamente confrontativo y con la figura presidencial como principal chivo expiatorio.

Para morigerar 48 horas de suma tensión, como se anticipa que serán las jornadas del viernes 30 de noviembre y sábado 1° de diciembre, el Gobierno dictará feriado para el día hábil en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y cerrará el Aeroparque por 80 horas, aproximadamente, y así evitar la llegada de manifestantes globalófilos hacia la zona perimetrada de la Cumbre.

Pese a ello, ayer el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, anunció que "el ciclo de las protestas se harán cada vez más intensos" y detalló que habrá "movilizaciones masivas e impactantes". En diálogo con la radio Futurock FM, el sindicalista también precisó: "Estaremos esperando el ingreso en la Argentina de Donald Trump para mostrarle que el patio trasero no está de rodillas y en silencio esperando que alguien venga con la vara a golpearnos el cuello".

En la otra mano, la "clausura" del paquete económico de máxima prioridad del Gobierno apunta a procurar una llegada a diciembre con la menor tensión posible.