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La oposición volvió a fracasar este martes en su intento por avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados no logró reunir el quórum de 129 legisladores necesarios para habilitar el debate, en medio de una estrategia coordinada del oficialismo para bloquear la iniciativa.
Con el respaldo de sus aliados del PRO y la UCR, La Libertad Avanza consiguió desactivar la sesión impulsada por Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques opositores. Además, el oficialismo avanzó con la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana, una jugada que apunta a dilatar el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
A las 14.31, una vez cumplida la media hora de tolerancia prevista por el reglamento para reunir el número necesario, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria. En el recinto había 117 diputados sentados en sus bancas, doce menos de los requeridos para habilitar el debate.
El resultado fue la consecuencia de una estrategia que el oficialismo diseñó durante las últimas 48 horas junto con sus aliados parlamentarios. La Casa Rosada consiguió que los bloques del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal no aportaran legisladores para el quórum y, al mismo tiempo, promovió una salida alternativa para canalizar la discusión: la apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales, prevista para el próximo 30 de junio.
La convocatoria a esa comisión funcionó como un argumento para desalentar la asistencia de sectores dialoguistas y terminó por desactivar la ofensiva opositora. Allí se debatirán los seis proyectos vinculados a Adorni, entre ellos los pedidos de interpelación para que brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, así como iniciativas relacionadas con su situación patrimonial.
Entre los diputados que sí dieron quórum estuvieron la amplia mayoría de Unión por la Patria, los cuatro representantes del Frente de Izquierda, los dos legisladores de la Coalición Cívica, un grupo de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y la radical Karina Banfi, entre otros.
También llamó la atención la ausencia de algunos legisladores que en otras oportunidades habían acompañado iniciativas impulsadas por la oposición.
Uno de los casos más comentados fue el de la santafesina Gisela Scaglia, titular del bloque Provincias Unidas, que no bajó al recinto. Tampoco lo hicieron otros diputados alineados con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuyos votos eran observados con atención por los impulsores de la sesión.
La caída de la convocatoria representa una nueva victoria parlamentaria para el Gobierno, que ya la semana pasada había logrado frenar un intento similar.
Más allá de la discusión política de fondo, el principal escollo para la oposición sigue siendo reglamentario: sin dictamen de comisión, cualquier intento de aprobar una interpelación requiere una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, una cifra que hoy aparece fuera de su alcance.
Con este escenario, el debate sobre el futuro de Adorni se trasladará ahora al terreno de las comisiones, donde el oficialismo apuesta a ganar tiempo y evitar que el tema llegue al recinto en el corto plazo.
La apuesta oficialista
Mientras tanto, LLA buscará mañana retomar la agenda con una sesión especial en Diputados centrada en uno de los proyectos económicos que considera estratégicos para atraer inversiones de largo plazo: el denominado Súper RIGI.
La convocatoria fue realizada para las 12, con un temario que combina iniciativas económicas, financieras y acuerdos internacionales. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, una versión ampliada del RIGI que apunta a captar desembolsos millonarios en sectores vinculados a la innovación tecnológica y actividades productivas de alto valor agregado.
El proyecto llega al recinto luego de haber obtenido un amplio respaldo en comisiones, donde reunió 61 firmas entre el oficialismo y bloques aliados como el PRO, la UCR e Innovación Federal.
Ese acompañamiento previo alimenta el optimismo de La Libertad Avanza respecto de conseguir la aprobación de la iniciativa, aunque el debate promete exponer diferencias entre quienes consideran que el esquema permitirá atraer capitales y quienes advierten sobre el alcance de los beneficios fiscales previstos.
La propuesta establece un piso mínimo de inversión de u$s 1.000 millones y otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años para proyectos vinculados a industrias de frontera tecnológica. El objetivo declarado es fomentar actividades que todavía no tienen desarrollo significativo en la Argentina o que se encuentran en etapas experimentales, con la expectativa de generar nuevas cadenas de valor y una mayor industrialización de la economía.
Además del Súper RIGI, el oficialismo intentará convertir en ley la autorización para ejecutar acuerdos de pago con dos grupos de acreedores que mantienen litigios vinculados al default de 2001. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y fue respaldada la semana pasada en comisiones de Diputados. Para el Gobierno, se trata de un paso necesario para cerrar frentes judiciales abiertos y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento internacional.
El temario también incluye una serie de convenios bilaterales con Francia, Italia, Suiza y la República de San Marino, vinculados a cuestiones tributarias, previsionales y de cooperación internacional.