El año 2027 será un año clave para YPF. Los accionistas de la petrolera, si el control de la firma sigue estando en manos del gobierno argentino, volverían a recibir un pago en concepto de pago de dividendos, después de 16 años sin novedades.

Es lo que dice la hoja de ruta que trazó el titular de la empresa, Horacio Marini, y que, afirman en la empresa, permanece inamovible pese al fallo que se conoció esta semana, dictado por la jueza Loretta Preska, que obliga al Gobierno a entregar sus acciones de YPF como parte de pago del juicio que ya tiene ganado en primera instancia el fondo Burford.

Ese eventual pago de dividendos dependerá no solo de quién controle la compañía, sino también, lógicamente, de los futuros balances de la empresa. En YPF se aislan del fallo y sus posibles consecuencias y por ahora solo dicen que si se alcanza el objetivo de exportar petróleo por unos 10.000 millones de dólares en 2026, el reparto de dividendos a pagarse en 2027 estaría garantizado.

En YPF trabajan bajo el supuesto de que el precio del crudo oscilará en torno a los u$s 60/70 aunque su operación en Vaca Muerta garantiza rentabilidad hasta un piso de u$s 40 dólares por barril.

En estos días, además, se anunciará formalmente la estructura societaria y financiera para construir el oleoducto Vaca Muerta Sur. Se trata de una operación diseñada bajo el formato "proyect finance". Cinco bancos internacionales aportarán u$s 1700 millones y recuperarán los fondos con una parte de los dólares que facture el oleoducto, una vez que esté operativo. Estos bancos son: Citi, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan, e Itaú.

A su vez, YPF sumó como socios a los principales jugadores de Vaca Muerta, que también aportarán capital para construir el caño que ayudará a evacuar petróleo desde el yacimiento con rumbo al puerto de Punta Colorada, en Río Negro: se trata de las firmas Pluspetrol, Vista, PAE, Pampa, Chevron y Shell, que sumarán entre otras u$s 2700 millones.

Pero volviendo a los dividendos, de concretarse el anunciado pago en 2027, sería la primera vez en 15 años que la petrolera distribuiría dinero entre sus accionistas. Desde ya, YPF no acumuló dividendos que no pudo girar al exterior por culpa del corralito que arrancó en 2011.

La política de repartir ganancias se cortó abruptamente en 2012, cuando en abril de ese año se anunció la expropiación de las acciones que estaban en poder de Repsol.

La política de reparto de dividendos fue muy agresiva, sobre todo desde que entraron los Eskenazi. El kirchnerismo intentó, dicen hoy, acotar los fondos a repartir que proponía en YPF, pero esa política giró por completo después de que entraron los Eskenazi. Era lógico. Los Eskenazi necesitaban cobrar dividendos para devolver los fondos que habían recibido de bancos internacionales para comprar la parte del capital (25%) que les había vendido Repsol por "sugerencia" del expresidente Néstor Kirchner.

Según datos recogidos del mercado de capitales, desde que YPF se abrió en 1992 al capital privado, y hasta 1999, la compañía -bajo la conducción de José Estenssoro y tras su muerte en 1995, de Nells Leon y Roberto Monti- mantuvo una política de repartir entre los accionistas un promedio equivalente al 44% de las utilidades obtenidas . El resto de las ganancias se utilizaban en capitalizar la compañía para financiar las operaciones de exploración y producción de crudo y derivados.

Esa línea se quebró en 1999, tras el ingreso de Repsol, que aceptó pagar u$s 15.169 millones para obtener la mayoría accionaria. Desde el año 2000 y hasta 2007 la tasa de reparto de dividendos saltó al 105%. Es decir que por cada dólar declarado como ganancia, se pagaron dividendos por u$s 105. La principal beneficiaria de esa política fue, claro, Repsol.

A fines de 2007 se produjo la entrada al capital de YPF del grupo Eskenazi. Eso no solo acentuó la política de dividendos de Repsol, sino que la formalizó. Los números hablan por sí solos. Entre 2008 y 2010 la compañía ganó $ 12.916 millones y repartió $ 14.906 millones. La tasa de reparto saltó así a un promedio del 115% para el trienio, pero con picos de 135% en 2008 y 2010.

El ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, Emanuel Alvarez Agis, dijo esta semana que la expropiación fue una salida no deseada por el entonces gobierno de Cristina Kirchner. Relató que se habían intentado negociaciones con Repsol para que invirtiera más en la Argentina, ante la reversión de la balanza energética. Pero Repsol, a través de su entonces presidente Antonio Brufau, respondió en forma negativa porque el plan de "internacionalización" de Repsol necesitaba financiarse con los dólares generados en la Argentina.

Ante esa situación, dijo Alvarez Agis, fue que se optó por la estatización.

Es verdad que Repsol también había mermado sus inversiones en la Argentina porque el plan de congelamiento de tarifas, y también de los combustibles y el precio que se pagaba por el petróleo y el gas en el mercado local desalentó las inversiones de todo el sector. Esto llevó a gastar más dólares en importación de energía para mantener las tarifas congeladas y los subsidios, y terminó impactando de lleno en las reservas del Banco Central. Pero esa es otra historia.