"Hay que sacarla a esta mujer, no puede terminar el año". La frase se escuchó el jueves pasado, a la tarde, en Tribunales, y la repiten con énfasis la mayoría de los jueces federales que alternan entre Comodoro Py y el palacio de Talcahuano. La destinataria de ese mensaje es la procuradora Alejandra Gils Carbó, eje de la primera gran polémica del año judicial, en una disputa que trascendió la coyuntura política y se convirtió en una puja tribunalicia.
El viernes, unas pocas horas después, esos dichos empezaron a tomar forma con el fallo que firmó el juez contencioso Enrique Lavié Pico, que suspendió las 16 designaciones de fiscales efectuadas por la procuradora a partir de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, y que había denunciado el diputado del Frente Renovador Mauricio D Alessandro. Si bien desde el Ministerio Público advirtieron que van a apelar la resolución, se prevé que la misma sea rechazada, por lo cual el Ejecutivo podría intentar adelantar la puesta en marcha del Código.
La relación entre Gils Carbó y la Justicia está rota desde hace tiempo. Si bien se insinuó cuando la titular del Ministerio Público dictaminó a favor de la reforma judicial que impulsó sin éxito el kirchnerismo en 2013, o con los reiterados cortocircuitos que tuvo con ministros de la Corte Suprema, terminó de quebrarse con la puesta en marcha del Código Procesal, que ideó la procuradora y que supone una pérdida de poder de los jueces en las decisiones.
"Nunca hubo en el país un procurador tan desprestigiado y cuestionado por jueces y fiscales como Gils Carbó", se escuchó la semana pasada en Tribunales, donde también hubo tiempo para recordar a su antecesor Esteban Righi como "un caballero" y para lamentar que la primera opción del Gobierno para el cargo, el jefe de la Sigen Daniel Reposo, no haya pasado en 2012 la prueba del Congreso y le haya abierto las puertas de la procuración a la candidata que el Senado apoyó de manera casi unánime.
El avance de los jueces contra Gils Carbó no se limita a la causa de las fiscalías subrogantes que autorizó, sino también a otras decisiones que causaron rechazo. El jueves, el juez Eduardo Canicoba Corral habilitó la feria de verano para tratar una denuncia contra la procuradora, también por la designación de fiscales, que presentó la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, cuyo titular José Mangiolcada deberá ratificarla el miércoles en Comodoro Py. Se trata de un expediente abierto en el juzgado de Norberto Oyarbide, que durante la feria ocupa Canicoba Corral, y al que se unen otros dos similares, uno a cargo de Ariel Lijo y el restante en el de Bonadio. Justamente Bonadio denunció a Gils Carbó por haber desestimado un pedido de juicio político contra el fiscal de la Procelac, Carlos Gonella, uno de los "mimados" por la jefa de los fiscales. En esa causa, el fiscal Guillermo Marijuan imputó a la procuradora, su propia jefa, por la que además existe una catarata de planteos de juicio político para su destitución.
Por el contrario, la procuradora encuentra cada vez más apoyo dentro del Gobierno, que consiguió en ella a una aliada casi incondicional. Sostenida en la agrupación kirchnerista "Justicia Legítima", Gils Carbó es para muchos fiscales la gestora de una revolución del Ministerio Público. Ella, incluso, siempre ha dicho que su intención es reformar el sector y que una vez que lo cumpla dejará su lugar. Y jura que se maneja con independencia y que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera la conocía cuando fue designada en su cargo, hace dos años y medio.
