El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fin del año que viene y gana aire para licitaciones y revisiones tarifarias hasta el fin del mandato.
Entre los considerandos que incluyó el Poder Ejecutivo en el decreto 585/2026 se destacan la necesidad de avanzar en la reforma del mercado eléctrico para favorecer la inversión y profundizar la transición del esquema de subsidios centrado en la segmentación hacia los subsidios focalizados.
El Gobierno también argumentó que se debe avanzar en la normalización del mercado, pero que estos “se encuentran en etapa de implementación y requieren la continuidad de las políticas” para “evitar disrupciones regulatorias, operativas o financieras”.
En mayo, las bonificaciones aplicables a los usuarios residenciales subsidiados representaron el 24% del precio de referencia de la demanda, “evidenciando la subsistencia de una brecha económica relevante que debe ser atendida de forma gradual, previsible y focalizada” que le de sostenibilidad económica y financiera al sistema eléctrico.
Por último, las inversiones en carpeta son uno de los factores en análisis. El Gobierno avanzó en la adjudicación de inversiones en baterías para la acumulación de energía eléctrica que permita evitar cortes, sobre todo en zonas como el Área Metropolitana de Buenos Aires y en los picos de consumo durante el verano.
“La continuidad de la emergencia resulta necesaria para evitar impactos abruptos o inconsistencias en la transición”, asegura el decreto, que además ratifica la necesidad de avanzar en acciones que den seguridad a los inversores, como la recomposición tarifaria, la revisión de los esquemas regulatorios, la protección de los usuarios y la normalización de precios mayoristas.
Para el director de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, la prórroga de la emergencia tiene sentido justamente porque el sector presenta todavía grandes problemas. “Hay cuellos de botella en la generación, transporte y distribución y el sistema está al límite. Si Argentina quiere crecer, necesita inversiones en estos tres sectores. La extensión tiene sentido”, explicó el especialista.
El sentido lo encuentra en que para poder convertir los recursos en valor, es necesario tener “previsibilidad, confianza contractual, articulación entre las partes y ejecución. Para hacer eso, el Gobierno está haciendo una reforma del sistema eléctrico para que se generen los incentivos a un sector que estaba totalmente intervenido”.
Una disonancia la marcó el director de la consultora especializada en energía Paspartú, Juan José Carbajales, que cuestionó el carácter de emergencia del sector y la consideró un exceso regulatorio que no cuenta con los estándares planteados por la Corte Suprema para la justificación legal de la emergencia.
La carencia de la emergencia la encontró en tres ejes. Por un lado, consideró que muchos de los problemas que sustentan el decreto fueron atentos por la revisión tarifaria integral (RTI) de los años anteriores y en la reforma que impulsa la adaptación progresiva del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Por otro lado, en el caso de generación y transporte, consideró que los problemas pueden ser atendidos sin necesidad de una emergencia, como en el caso de las licitaciones para baterías o líneas de alta tensión.
La semana pasada, Aluar resultó adjudicada con dos proyectos de almacenamiento de energía eléctrica, en las licitaciones de AlmaGBA y AlmaSADI. La empresa invertirá u$s 50 millones en la instalación de dos Centrales de Generación de Almacenamiento de Energía Eléctrica (BESS, por su sigla en inglés). Se tratan de baterías que permiten darle soporte al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en casos de picos de demanda para los que no alcance la capacidad de generación.
Una de ellas se instalará en San Fernando, mientras que la otra estará en Goya para abastecer a la región del NEA.
Gas
En las últimas semanas, el aumento de la demanda de gas por el pico del invierno tensionó el abastecimiento de las industrias. Algunas provincias incluso recurrieron al reemplazo de combustibles para la generación eléctrica, para aliviar por un lado la demanda y por el otro el costo para la generación.
Sin embargo, Dreizzen explicó que esta tensión del sector es habitual para la época. “En invierno llega a sextuplicarse la demanda de Argentina” de gas, explicó el especialista.
Para la época, las importaciones son habituales justamente para abastecer la demanda. Pero fue la suba del precio internacional la que motivó los faltantes, dado que en algunos casos el costo del gas importado era de u$s 20 el metro de BTU, cuando por red se pagaban u$s 7.
El especialista observó que la ventaja vendría por el saldo exportable. Para este año se proyecta que la balanza energética tendrá un superávit de u$s 12.000 millones, dado las mayores exportaciones y la caída de las importaciones de combustibles y energía.