Con la transición energética y los giros geopolíticos mundiales, el nuevo modelo económico mundial volvió a poner los ojos sobre los recursos estratégicos; el fenómeno alzó las expectativas para sectores clave de la Argentina.
“De repente, los problemas bélicos demostraron que la seguridad energética no era tal. Europa se quedó sin gas... El mundo mira a Argentina; se alinean los planetas”, explicó Gabriel Leiter, coordinador del grupo de proveedores mineros de UIPBA.
Esta ventana se traduce en números: de 140 yacimientos identificados en la cordillera, “hay 14 proyectos avanzados saliendo a la luz y decenas en cartera”, contó. La Secretaría de Minería de la Nación estima que las exportaciones sectoriales podrían triplicarse al fin de la década, impulsadas por el litio en el Norte Grande y el cobre en San Juan y Catamarca.
No obstante, la minería es una carrera de fondo: “Cuando descubrís cobre en una montaña, a veces tardás 40 años hasta poder extraerlo”, aclaró Leiter.
Aunque el panorama pyme general es complejo —como plasmó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)—, hacia el interior fabril ya hay firmas “en transición”.
“El gobierno ordenó la macro, pero en la micro nos hace pasar por una sequía importante”, se quejaron las pymes al reclamar alivio fiscal y financiamiento en Parque Norte.
Ante la recesión interna y una reconversión no planificada, el entramado industria actúa por supervivencia. “El trabajo lo estamos haciendo nosotros”, graficó Dino Minozzi, responsable de Industrias de CAME, evidenciando la falta de coordinación del sector público.
El dilema de la escala: “No va a haber proveedor que alcance”
Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), construir una sola mina de cobre de clase mundial exige más de u$s 4000 millones y más de 1200 proveedores directos. Esta escala sobrepasa la estructura logística y vial del país. El proyecto Vicuña (San Juan) es una radiografía del cuello de botella que se viene.
“Vicuña necesita mover 70 millones de metros cúbicos de suelo. Toda Argentina, sumando las empresas del rubro, no llega a 5 millones. No sé cómo hará para mover lo que tiene, y hay 13 proyectos más... Pasa con el suelo, insumos y materiales”, dijo Leiter.
El desborde afecta a maquinarias, logística y recursos humanos. Ocurre ya en el no convencional: “Desde el Paraná a Vaca Muerta van 250 camiones de arena por día. Ninguno es neuquino porque allá no hay suficientes. El neuquino debe prepararse o asociarse”, agregó.
Tensión federal y riesgo regional
El desborde reavivó tensiones federales. Las provincias cordilleranas exigen prioridad para sus trabajadores locales; sin embargo, la magnitud de las obras obliga a asociarse e incluso competir con países vecinos.
“Las provincias dicen: ‘Esperamos toda la vida que la montaña dé trabajo y ahora vienen de Buenos Aires a sacárnoslo’. Tienen razón, pero solos no dan abasto. Lo que no hagamos creciendo juntos, vendrán otros países a hacerlo. Chile, en decadencia minera, se va a cruzar por completo”, alertó el dirigente de UIPBA.
Frente a la urgencia por “acomodarse” a los nuevos drivers de la economía, Minozzi destacó que CAME impulsa capacitación y financiamiento para reconvertir pymes de cordones industriales clásicos como la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe hacia la cordillera.
Los casos de éxito asoman: desde una fábrica de muebles santafesina que equipa campamentos energéticos, hasta caleras salvadas por el litio. Ejemplo de esto es Calidra, que construirá su sexto horno en La Laja (San Juan) para iniciar ingeniería en 2027, sumando 219.000 toneladas anuales para abastecer la demanda de cobre, litio, oro y plata.
Desde el sector logístico privado, Andreani definió a la energía y la minería como vectores de crecimiento estratégico mediante un modelo 4PL que integra transporte nacional e internacional, almacenamiento y movimientos de carga sobredimensionada".
Tras adquirir dos plantas de 7000 m² en Salta y Neuquén para convertirlas en hubs especializados, la compañía consolidó una red con presencia en Añelo y nodos del NOA. Esta infraestructura permite a proveedores y pymes de todo el país abastecer a los yacimientos de petróleo, gas, litio y cobre con servicios de última milla y trazabilidad digital en tiempo real, sin necesidad de realizar costosas inversiones en depósitos locales.
Desde la UIPBA junto a instituciones como IRAM y Grupo Petersen (Banco San Juan y Banco Santa Cruz) y Banco Patagonia lanzaron un programa para fortalecer a las empresas proveedoras de los sectores de Energía, Minería y Oil & Gas de la Provincia de Buenos Aires. A través de capacitación promueve la vinculación con empresas, organismos e instituciones para facilitar oportunidades de negocio y potenciar la participación de las pymes en los principales proyectos energéticos y mineros del país.
La “doble competencia”
El planteo por la mayor competencia también llega desde el Grupo de Proveedores del Sector Petrolero (GAPP), que reune a más de 280 empresas nacionales que fabrican equipamiento y servicios técnicos para Oil & Gas, minería y petroquímica, con 2200 líneas de productos en 15 provincias.
El GAPP advierte que las pymes transitan un “valle” de actividad por la reconfiguración del mercado convencional y los tiempos del no convencional. Actualmente, enfrentan una doble competencia sin cierres, pero con alta capacidad ociosa y despidos,
El desplome de mercados internos empujó a talleres del autopartismo, maquinaria agrícola, obra pública y metalúrgica general a volcarse de urgencia a la minería y el Oil & Gas.
A la par el GAPP advierte que los rigurosos estándares de calidad y certificaciones internacionales requeridos actúan como un freno considerable para las firmas tradicionales que intentan ingresar a los desarrollos en plena expansión.
El RIGI, el “costo argentino”
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aceleró anuncios, pero abrió un debate por la asimetría fiscal.
Mientras los megaproyectos importan con arancel cero y estabilidad por 30 años, la industria nacional soporta una alta presión impositiva. “Como textil tengo 52% de impuestos en mi producto. ¿Cómo compito contra un chino que viene sin impuestos, con energía y flete marítimo subsidiados? Hay que aflojar las sogas de los impuestos”, cuestionó Leiter que provee ropa de trabajo.
Esta falta de competitividad ya generó cortocircuitos: firmas locales denunciaron que grandes operadoras importaron campamentos modulares prearmados de China, eludiendo a fabricantes de Santa Cruz y San Juan. El GAPP ratifica que las exenciones del RIGI preocupan al sector al habilitar la importación de bienes usados que sí se fabrican en el país, desalentando la inversión local.
La crítica suma temas de sustentabilidad y seguridad: el 65% de los materiales asiáticos inspeccionados por el GAPP poseen objeciones técnicas, implicando severos riesgos operativos.
“Si las grandes operadoras necesitan subsidios para competir, las pymes industriales —que generan arraigo y empleo— deberían contar con los mismos beneficios frente a China u otros orígenes”, planteó GAPPP.
El “salvavidas” financiero
Otra de las “patas flojas” de esta transición es el acceso a crédito. Con una relación crédito-PBI de apenas 12% en el país (frente al 50% regional), el financiamiento tradicional es inaccesible.
Con tasas bancarias en pesos del 38% al 48% para capital de trabajo, el mercado de capitales y el Sistema de Garantías Recíprocas (SGR) cobran mayor relevancia.
María Paula Di Pietro, gerente de CASFOG, explica que las SGR son un salvaconducto: el 76% de sus usuarios son micropymes y el 18% pequeñas empresas.
El comercio lidera el sistema con el 31% de los avales otorgados, seguido de cerca por servicios con un 24% y la industria manufacturera con el 22% de la participación. Por su parte, el sector agropecuario representa el 19% de las operaciones vigentes, mientras que la construcción mantiene una presencia más acotada con el 4% restante.
En costos, mientras el banco ronda el 33%-35%, el segmento avalado por SGR en el mercado de capitales opera a una tasa promedio del 27%.
Para potenciarlo, la Resolución 94/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio simplificó el acceso al financiamiento habilitando a las pymes del mercado interno a calificar por avales en dólares para equipamiento pesado —comprometiendo hasta el 50% del Fondo de Riesgo de las SGR—, mientras que para las exportadoras el aval se calcula de forma flexible según su flujo estimado de divisas.
Esta desburocratización digital se complementa con la integración del Legajo Único (LUFE) para centralizar datos fiscales y generar un scoring crediticio automático.
Aun así, desde el sector privado siguen advirtiendo por la falta de herramientas financieras como principal barrera ya que las operadoras imponen exigencias de calidad que demandan reformas físicas en las plantas para alcanzar los estándares.