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El universo de las pymes no solo tiene que lidiar con una economía que no termina de recuperar. También debe enfrentar una estructura tributaria y burocrática que le exige pagos, declaraciones juradas, retenciones, percepciones y regímenes de información a lo largo del año.
Así lo refleja el relevamiento elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que pone en números esa carga: una pyme modelo debe cumplir con 62 obligaciones tributarias anuales, entre tributos nacionales, provinciales y municipales y distintos mecanismos de recaudación e información.
El estudio identificó 34 tributos (16 nacionales, 8 provinciales y 10 municipales). Por el lado de los regímenes de retención, percepción e información, indicó que una pyme argentina soporta 28 regímenes distintos.
“Estos regímenes informativos, además de la carga administrativa que implican, generan un riesgo de multas por incumplimiento en tiempo y forma”, advirtió el IARAF.
El inconveniente no es solo la cantidad de obligaciones vinculadas a tributos en los distintos niveles de gobierno, sino también los mecanismos de pago anticipado, que contribuyen a aumentar los gastos de administración tributaria de las empresas y, principalmente a nivel provincial y municipal, generan saldos a favor de muy difícil recupero.
“Esto hace que esos saldos permanezcan en el tiempo y, dado el costo financiero que generan, se conviertan en la práctica en incrementos encubiertos de alícuotas”, remarcó el informe.
El problema no se agota ahí. “Cuando las ventas son débiles, los márgenes están ajustados y el financiamiento es costoso, la carga tributaria y el costo administrativo de cumplir con las obligaciones fiscales se vuelven especialmente relevantes”, señaló Marcos Arazi, economista y responsable del área pyme del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Arazi explicó que existen decenas de obligaciones y regímenes que ilustran la complejidad del sistema para una empresa y que pueden ser “un pesado lastre para los negocios más pequeños”. En ese sentido, alertó en especial sobre la acumulación de saldos a favor de Ingresos Brutos, es decir, recursos que quedan inmovilizados y no pueden ser destinados al pago de salarios, proveedores o inversiones.
“No es solamente cuánto se paga, sino cuándo se paga, cuánto cuesta cumplir y qué ocurre cuando una empresa acumula saldos a favor o atraviesa una dificultad transitoria de liquidez”, planteó.
El especialista dejó en claro que el esfuerzo debe ser compartido. Si bien consideró que las empresas tienen que mejorar su planificación financiera y tributaria, anticipar vencimientos y evitar contingencias, los distintos niveles de gobierno también deben hacer su parte.
“Las provincias pueden revisar Ingresos Brutos y los regímenes de retenciones y percepciones, mientras que los municipios pueden simplificar tasas, trámites y obligaciones superpuestas”, planteó.
Embargos
El economista también puso el foco en la evolución de las ejecuciones fiscales. Consideró que el Estado debe cobrar los impuestos, aunque marcó que los mecanismos de ejecución deberían contemplar la situación financiera de las empresas para evitar que una medida de este tipo termine profundizando sus dificultades para operar y regularizar sus deudas. “Estos factores pueden afectar la continuidad de empresas viables, la inversión y el empleo”, apuntó.
En la misma línea, Elisabet Piacentini, contadora y especialista en pymes, hizo hincapié en los efectos que pueden tener las medidas de ejecución sobre el capital de trabajo de las empresas. La especialista contó que en su estudio contable observan casos en los que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notifica una deuda que se encuentra en instancia judicial, la empresa la cancela y, aun así, al día siguiente recibe embargos sobre sus cuentas bancarias.
A partir de allí, explicó, comienza un proceso administrativo que implica contactar al agente fiscal, afrontar los honorarios correspondientes y gestionar el levantamiento de las medidas. “Embargar todas las cuentas bancarias de una pyme puede significar paralizar su actividad: impedirle pagar salarios, proveedores, impuestos y continuar operando”, advirtió.
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también manifestaron a El Cronista su preocupación por la situación y cuestionaron la falta de articulación con el Ministerio de Economía y la postura inflexible de ARCA.
Piacentini también apuntó contra el régimen de sanciones por incumplimientos formales. Una demora en la presentación de declaraciones juradas —IVA, cargas sociales y Ganancias, entre otras— puede generar multas aun cuando no exista intención de evasión.
“No es lo mismo una empresa que evade impuestos que una PyME que presenta una declaración jurada fuera de término. El sistema sancionatorio debería contemplar esa diferencia”, sostuvo.
Si bien la Ley de Inocencia Fiscal II estableció una reducción del 25% en determinadas multas formales para personas humanas y pequeñas y medianas empresas, los importes continúan siendo significativos, especialmente cuando se trata de simples demoras administrativas.
Por caso, la falta de presentación en término de una declaración jurada equivale a una sanción de $ 330.000 para una sociedad que califique como MiPyME y no sea “Gran Contribuyente Nacional”.
Escenario contractivo para las pymes
Las pequeñas y medianas empresas operan en un contexto en el que la economía está a las puertas de ingresar en una recesión técnica (dos trimestres consecutivos con caídas del PBI). En agosto, la actividad creció apenas 0,1% mensual desestacionalizado, luego de la fuerte contracción de julio (-2,8%).
Los últimos datos del Observatorio Pyme dan cuenta de nuevos signos de retroceso en el entramado productivo. En el tercer trimestre de 2026, la producción industrial cayó 11,9% interanual (4,7% desestacionalizado frente al trimestre previo), mientras que el empleo se redujo 5,6% interanual (1,8% desestacionalizado).
A ese panorama, Piacentini sumó otros factores. “La actividad económica estancada, la falta de acceso al crédito bancario, la ausencia de planes amplios de facilidades de pago de ARCA, el creciente endeudamiento de las familias, la menor creación de empresas, los salarios que pierden poder adquisitivo y las cadenas de pago que se extienden hasta los 90 días conforman una combinación muy difícil de administrar para las pymes argentinas”, afirmó.