El Gobierno se encamina a cerrar la letra chica de las reformas estructurales que tratará en sesiones extraordinarias en medio de tensiones con la Confederación General del Trabajo (CGT), que no mostró buena predisposición a aceptar la propuesta del presidente Javier Milei para el proyecto de modernización laboral.
El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, estuvo en la Casa Rosada el miércoles en el marco de una reunión del Consejo de Mayo y visitó la oficina del asesor presidencial, Santiago Caputo, pero reclamó una convocatoria formal del Gobierno con la CGT para acordar los pormenores de la reforma.
Desde el Gobierno siempre sostuvieron que su pretensión era que el proyecto tenga acuerdo de los gremios, de manera tal que su aprobación en el Congreso sea factible y, además, para evitar que la Justicia laboral vuelva a frenarles las iniciativas, como ya sucedió con el capítulo laboral del DNU 70/2023.
Sin embargo, la letra chica del proyecto aún no fue debatida en profundidad con todos los sectores y los adelantos esbozados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien oficia como representante del Ejecutivo en la mesa del Consejo, no contentó a los gremios.
“En lo que a mí me toca representar, que es la CGT, no coincidimos y no estamos de acuerdo con los objetivos que plantea Federico Sturzenegger en el marco de este Consejo de Mayo", estableció tajante Martínez en diálogo con la prensa acreditada.
Tanto previa como posteriori a las reuniones que mantuvo en Balcarce 50 fueron críticas de la iniciativa del Gobierno y un cuestionamiento reiterado fue que los gremios aún no han podido acceder a los detalles del texto que se busca presentar. “No conocemos la letra ni grande ni chica de las distintas propuestas, de los títulos y los argumentos establecidos en el debate del Consejo no nos hemos puesto de acuerdo“, agregó en este sentido.
Según pudo saber El Cronista, los 10 títulos de la reforma de Milei son los siguientes: “Ultractividad”; “Relacionales de los convenios”; “Carga Fiscal”; “Peajes”; “Financiamiento de Sindicatos y Cámaras”; “Derechos Colectivos”; “Derechos de Trabajo Individual”; “Trabajadores Autónomos”; “Democracia Sindical”; y por último “delegaciones varias”.
Las iniciativas que preocupan a la CGT tienen que ver con el recortes en su financiamiento en materia de obras sociales (bajar el costo laboral implicará bajar la recaudación del sistema de salud que manejan los gremios) y, además, el coqueteo constante con la eliminación de las cuotas solidarias, algo que el Gobierno amaga con incluir en la reforma pero no lo confirma. Por caso, fue una propuesta que los aliados buscaron incluir en la reforma laboral de la Ley Bases y el Gobierno la bajó.
"Es un mal antecedente que se quiera presentar un proyecto de estas características teniendo en cuenta la realidad argentina. Vamos a tener una gran discusión y por supuesto veremos cómo actúa el Gobierno y nosotros también actuaremos”, siguió Martínez.
“Hablaremos con los gobernadores, diputados y senadores. Con los brazos cruzados no nos vamos a quedar porque indudablemente están en juego los derechos individuales y los derechos colectivos. Es insólito e inédito que se quiten derechos y la CGT bajo ningún punto de vista lo va a aceptar“, agregó el líder gremial.
Pese a la resistencia de la CGT, como contó El Cronista, el Gobierno pretende adelantar su presentación para el 9 de diciembre, cuando el Consejo elevará el informe final de las reuniones y el Congreso dará comienzo a las sesiones extraordinarias.
Con esa fecha a la vuelta de la esquina, la expectativa de una convocatoria formal del Gobierno para los gremios crece, aunque aún desde la Casa Rosada no han definido una fecha. “Ellos nos tendrían que convocar a nosotros”, ironizó un alfil libertario.
Lo cierto es que en el Gobierno entienden que la postura oficial de la CGT no podrá ir en concordancia con los objetivos de Milei y que, consecuentemente, podrían haber “pactos silenciosos” para que la reacción inicial sea abiertamente conflictiva, con movilizaciones incluidas, pero que al final del día se encuentren los mutuos intereses.
En este sentido, una posibilidad que va en línea con el modus operandi del Gobierno es que el proyecto que se presente sea para fijar una postura y polarizar en el debate, pero que será distinto al que resultará de los acuerdos que se tejan durante el tratamiento parlamentario.
