La Procuración del Tesoro Nacionalreestructura su organigrama en medio de la causa por la expropiación de YPF que afronta la Argentina contra los fondos Burford Capital y Eton Park ante la justicia de Estados Unidos. El Gobierno publicó este jueves el Decreto 475/25 por el cual anuncio la medida.
En la Casa Rosada dejaron trascender que habría presuntas filtraciones de información que derivaron en la decisión, pero desde el órgano defensor del Estado son herméticos y se remiten a justificar el achique por una cuestión de "mayor eficiencia".
El cuerpo de abogados es presidido por Santiago María Castro Videla, designado por el asesor presidencial Santiago Caputo tras la salida de Rodolfo Barra. Las más de 60 desvinculaciones y la "drástica reducción de áreas técnicas" se dan en el marco de una limpieza que ya se venía trabajando en el Gobierno.
Los fallos por YPF: ¿decisivos para los cambios?
El plan se dio a conocer este miércoles en los pasillos de Balcarce 50 justo después de una racha de buenas noticias para el Estado argentino: la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió el pedido de la juez Loretta Preska para que Argentina entregue el 51% de sus acciones de YPF.
En paralelo, la administración de Donald Trump se sumó como Amicus Curiae en apoyo de la defensa del gobierno de Javier Milei, siguiendo el ejemplo de Joe Biden. En este sentido se suma, además de Estados Unidos, el respaldo internacional de Ecuardor, Brasil, Uruguay y Chile.
Tras el sorpresivo fallo de Preska, el equipo legal que conduce Castro Videla aceleró la apelación formalizada la semana pasada para tratar de evitar la entrega de acciones y mientras tanto en las filas libertarias creció preocupación por la información que anticipaba los movimientos judiciales del Estado Argentino. Quien lleva adelante el expediente en Estados Unidos desde el organismo es su número dos ya que el titular se excusó por sus vínculos en el pasado con el litigio.
El caso también implica una condena en primera instancia a la Argentina por 16.000 millones de dólares y la Corte de Apelaciones todavía no pronunció sobre esta cuestión: solamente se limitó, hasta ahora, a dar una solución conocida como "temporal administrative stay" de la entrega de acciones, lo que equivaldría a una especie de medida cautelar. La Argentina por ahora se concentra en prorrogar esto y ganar tiempo y en el Gobierno no descartan acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Todos los cambios en la Procuración
En el Gobierno no pudieron precisar si la reestructuración ya estaba en carpeta desde antes del fallo de YPF o no, pero una fuente inobjetable de la Casa Rosada dio a entender que la sospecha de filtración tuvo que ver con esta medida que, por caso, no está vinculada al plan de ajuste que lidera el ministro Federico Sturzenegger.
La administración forma parte del Ministerio de Justicia y tiene a su cargo:
- La Dirección Nacional de Dictámenes.
- La Dirección Nacional de Asuntos Judiciales.
- La Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales.
- La Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría.
- La Dirección de Coordinación Técnica y Administrativa.
- La Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP) a cargo de los subprocuradores Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija. Este, a su vez, recluta otros cuatro subcuerpos.
Estas seis áreas pasan a ser cuatro Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados "para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN", según precisaron desde la Procuración. Esto implicará que la tarea sea asumida por menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y sostenía la administración actual.
Las fuentes de Balcarce 50 habían advertido, en este sentido, que la limpieza se iba a llevar a cabo en áreas donde los empleados tengan acceso a los expedientes, puesto que la sospecha es que esa información después se vendía a favor de Burford.
Además, destacan "la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas", bajo una nueva política de "ahorro y resignación de recursos".
"La Procuración del Tesoro reafirma así su compromiso con una defensa eficaz del Estado, acompañando el proceso de transformación nacional con una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos. Reducir el gasto público y colaborar con el equilibrio fiscal es un objetivo compartido por todas las áreas del gobierno y prioridad absoluta de esta administración para el manejo de una gestión eficiente", cierra el comunicado.
