El Gobierno introdujo nuevos cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que apuntan a dos cuestiones centrales para que los proyectos avancen.
El Ejecutivo busca ampliar la participación de proveedores locales en las cadenas de valor de los grandes proyectos de energía, minería y litio, como anticipó El Cronista.
La nueva normativa “prepara el terreno” para ajustar un punto clave para que el RIGI traccione a partir de la integración de empresas; además, ataca otro punto sensible al establecer condiciones para facilitar el acceso al mercado de cambios para financiar las inversiones.
A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes, el Ejecutivo modificó la definición de “proveedor local” y eliminó el requisito de que las empresas debieran tener al menos el 51% del capital o de los votos en manos locales.
A partir de ahora, alcanza con que estén constituidas y domiciliadas en el país, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de la composición de su capital.
“Antes el proveedor local no podía tener una participación accionaria mayor al 50% de capital extranjero. Una ridiculez: ni el compre argentino exigía eso”, cuestionó en off una fuente que sigue de cerca las discusiones dentro de Economía.
La misma fuente puso como ejemplo a la industria automotriz: “Una Hilux no era considerada local”. Si un VPU tenía proveedores homologados internacionalmente y lograba que una compañía extranjera se radicara en la Argentina para producir dentro de su cadena de valor, esa inversión podía quedar fuera de la definición de proveedor local, agregó a modo de crítica a la decisión.
En cambio, empresarios más optimistas esperan que esta normativa sea “la primero de una serie” que impulsen el vínculo de productos locales con las grandes inversiones.
El cambio regulatorio se da en medio de la organización de las Rondas de Negocios RIGI que viene organizando el Ministerio de Economía y tendrán su segunda edición el próximo 2 de diciembre, con el objetivo de conectar a los proyectos de minería y petróleo y gas con empresas proveedoras locales.
El Gobierno busca apuntalar el compre local
El Decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei; Diego Santilli, jefe de Gabinete y Luis Caputo, ministro de Economía, despertó confusión y rechazo entre los empresarios locales que esperan medidas que apuntalen el compre local.
Según un relevamiento de Fidelitas sobre 4.545 empresas proveedoras de petróleo y gas, el 26% presenta al menos una señal de riesgo financiero, como irregularidades bancarias, cheques rechazados o deudas previsionales.
El contraste se profundiza al comparar la evolución de la actividad: entre 2023 y 2025, la producción total de petróleo creció 25,1% y la no convencional 60,8%, mientras que el índice de actividad de los servicios de apoyo cayó 12,5%.
En paralelo, mientras queda en duda el “derrame” de las grandes inversiones, los proveedores enfrentan márgenes bajos, falta de crédito y una mayor competencia de productos provenientes de China.
Según el análisis de Paspartú Asesoría & Capacitación, especializada en comercio exterior y normativa RIGI, el Gobierno parece haber advertido que el Plan de Desarrollo de Proveedores Locales no puede quedar a merced de las empresas titulares de los VPU y que debe intervenir para agilizar la participación local.
La modificación, indicó, apunta a favorecer la integración de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos y a promover mayores encadenamientos productivos locales, según los fundamentos del propio decreto.
En ese sentido, Paspartú adviertió sobre un punto de la nueva definición: una empresa extranjera constituida y domiciliada en Argentina ahora puede ser considerada proveedor local. Por eso, la consultora plantea la duda de si la flexibilización terminará fortaleciendo al entramado productivo nacional o si podría producir el efecto contrario.
Desde el sector industrial plantearon que la modificación, ampliará la cantidad de empresas que podrán ser consideradas proveedores locales y, por lo tanto, también la competencia.
Pero el punto central, remarcaron, es la integración de la cadena: “En la medida que se produzca en el país, que se agregue valor, que genere empleo y que tribute en el país, bienvenido sea”.
En tanto, un referente del sector productivo advirtió que la principal alerta pasa por evitar que la nueva definición facilite una triangulación de productos importados que termine perjudicando a la industria local. “Lo que no queremos es que, ante la desigualdad de las reglas de juego, perdamos ante productos importados”, señalaron. En ese sentido, consideraron que, si efectivamente existe producción nacional, “el origen del capital y la composición societaria” pasan a un segundo plano.
El decreto no establece todavía un porcentaje obligatorio de compras locales. Pero sí elimina una barrera que podía limitar la participación de empresas radicadas en el país y prepara el terreno para profundizar la política de desarrollo de proveedores.
Los dólares para los proyectos
En paralelo, el decreto introduce cambios en las reglas vinculadas al acceso al mercado de cambios.
La nueva reglamentación permite computar, para los proyectos RIGI, las divisas provenientes de aportes o endeudamiento financiero externo ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios por sociedades accionistas, integrantes o miembros vinculados al VPU.
Los fondos deberán estar efectivamente destinados al proyecto y contar con la correspondiente trazabilidad y registración contable.
El mecanismo queda sujeto a las condiciones que establezca el Banco Central (BCRA). Además, para acceder al MULC, el decreto establece que las divisas ingresadas y liquidadas desde el exterior deberán ser, al momento de cada acceso, iguales o superiores a las divisas que demande el VPU en esa fecha.
La flexibilización, de todos modos, tiene límites: el mecanismo no puede utilizarse para atender pagos de intereses de endeudamiento financiero externo ni dividendos.
El decreto también introduce modificaciones sobre las transferencias de acciones, fusiones y reorganizaciones societarias de los VPU, además de reglas específicas para las sucursales dedicadas y los proyectos de exportación estratégica de largo plazo.
En este caso, Paspartú interpretó estos cambios como un intento de darle mayor flexibilidad operativa al régimen sin alterar los compromisos de inversión asumidos.
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