Un desarrollo “lateral” de la saga buitre dejó al Gobierno fuertemente enfrentado al Citibank argentina y renovó las fricciones del kirchnerismo con el sector bancario y el empresariado. Más allá de las declaraciones, el próximo paso en este conflicto puntual será el lunes, cuando un grupo de inspectores desembarque en la filial argentina del banco de capitales norteamericanos.
Las fricciones son una consecuencia inesperada de las decisiones del juez norteamericano Thomas Griesa que, además de los problemas para la Argentina y los argumentos para el reclamo de los fondos buitre, dejó al Citi ante un intríngulis jurídico: como agente de pago de los bonos del canje, debería completar las transferencias de los fondos que el Gobierno sigue depositando para pagar los vencimientos; pero, al mismo tiempo, sufre el bloqueo impuesto por la Justicia norteamericana, que Griesa viene levantando “por únca vez” una vez tras otra.
En ese marco, y ante la primera negativa de Griesa a levantar otra vez “por única vez” el bloqueo a los pagos de bonos del canje bajo ley argentina, el banco acordó con los fondos buitre que estos aceptaran que el juez permitiera los dos siguientes pagos a cambio de abandonar en el futuro inmediato la custodia de los bonos argentinos.
El Gobierno acusó entonces al banco de negociar a sus espaldas una solución que, sostiene, viola la ley argentina. Tras las advertencias y amenazas del ministro de Economía, Axel Kicillof, la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió al Citibank argentina como operador del mercado de valores y nombró un veedor para controlar sus operaciones.
Pero el conflicto creció en intensidad ante la decisión de quitarle la habilitación al CEO del Citibank argentina, Gabriel Ribisich, y ordenar que supervisores del Banco Central supervisen cómo sus responsabilidades serán delegadas a terceros.
Ayer la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las entidades financieras argentinas de capitales extranjeros, emitió un duro comunicado en el que manifestó su “procupación y rechazo” por las medidas del Central e hizo una fuerte defensa de Ribisich. Casi de inmediato sacó un comunicado de tono similar la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
La respuesta oficial a la postura empresaria llegó poco más tarde a través del presidente del Banco Central, Alejhandro Vanoli, quien, por Twitter, le dio difusión a un comunicado en el que la entidad calificó a los comunicados de ABA y AEA como una “defensa corporativa del establishment financiero e industrial”.
Seguramente en los próximos días la saga traerá nueva pirotecnia verbal y tal vez también judicial: ABA ya dio un anticipo de lo que podría venir al pedir que “las autoridades competentes o en su caso la Justicia arbitren los medios necesarios para reconducir estos hechos de acuerdo a lo que marca la Constitución”.
Mientras, el lunes desembarcarán los inspectores del Central en el Citi, con la facultad de revisar documentación y toda clase de información sobre el banco, pero sin la atribución de intervenir en cuestiones operativas o de negocio.
