Tras el anuncio de Estados Unidos de un marco para el acuerdo comercial con la Argentina, el gobierno de Javier Milei salió a celebrar el desenlace exitoso de las negociaciones. No obstante, para que el tratado se vuelva realidad, subsisten dudas respecto a la profundidad de su alcance y si podrá eludir o no el Congreso como un paso legal para volverse cierto.
En este sentido, mientras que el artículo 99, inciso 11, faculta al Poder Ejecutivo a negociar y firmar tratados, el consentimiento requiere la aprobación del Congreso que interviene para darle validez. Por lo tanto, el procedimiento formal acorde a la normativa constitucional le da esa potestad al Legislativo de analizar y aprobar los tratados antes de su ratificación definitiva y su entrada en vigor en el país.
Esta facultad figura en el artículo 75, inciso 22, donde se lee que el Legislativo tiene la potestad de aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones y con organizaciones internacionales. Asimismo, establece que estos tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes nacionales.
Pese a ello, la interpretación difiere entre los constitucionalistas consultados por El Cronista. Mientras que Daniel Sabsay afirma que “la Constitución es muy clara en su letra” en cuanto a este paso insalvable, Andrés Gil Domínguez disiente “porque no delega competencias y jurisdicción a un órgano supraestatal sino que es un tratado entre Estados”.
En los últimos tiempos, el Congreso ratificó el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que abarca Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. También lo hizo en la negociación con Singapur. Otros procesos en curso incluyen negociaciones con Canadá y El Salvador, así como la renovación de acuerdos con México en el marco dl bloque.
El preacuerdo entre EE.UU. y la Argentina anunciado por la Casa Blanca comprende una amplia variedad de rubros que van más allá del intercambio comercial. Contempla también capítulos vinculados a transferencia de la información digital, incluyendo datos personales, políticas de propiedad intelectual y el accionar de los organismos reguladores y los estándares de calidad. Asimismo, hay cuestiones de requisitos ambientales e incluso de normativa laboral entre los tópicos cuyos detalles aún se desconocen.
La incertidumbre respecto al paso obligado o no por el Congreso sobrevuela a los propios bloques que se reconfiguraran a partir del 10 de diciembre y que se materializará en una correlación de fuerzas más amigable con el poder libertario pero que no le alcanza para aprobar leyes sin apoyo de sus aliados.
“Suena raro que al menos no lo informen en el Congreso”, comentó un líder opositor a este medio al ser consultado. Desde otra ala de la oposición a La Libertad Avanza aún no tenían una posición tomada.
Sin conocerse el detalle aún del acuerdo, el temor de algunos sectores es que contenga cláusulas secretas. Citan el caso del acuerdo que en su momento alcanzó Estados Unidos con México en los ’90, para la activación del Fondo de Estabilidad -otro tipo de entendimiento-, cuya garantía fueron las reservas petroleras de la firma estatal. Tal condicionamiento solo se conoció tiempo después y fue por imposición de Washington.
Fuentes de Cancillería remarcaron que el grueso de la negociación gira en torno a facultades del Ejecutivo como reducir aranceles y modificar una reglamentación técnica. No obstante, si en la letra fina se propiciara la adhesión a un instrumento internacional, entienden, sí requeriría la intervención del Congreso.
Desde Unión por la Patria preparan un proyecto de resolución que demanda al Ejecutivo y a la Cancillería en particular que se abstengan de avanzar en la negociación del acuerdo de comercio recíproco e inversiones con Estados Unidos hasta tanto detallen los términos e implicancias en general y por materia.
De igual modo, le exigen que precisen una batería de datos que no se divulgaron por completo desde el Gobierno: cuándo se llevaron a cabo las negociaciones del acuerdo, qué funcionarios intervinieron y si se dio intervención a gobernadore, por el carácter provincial de algunos ítems citados como los minerales críticos, y a representantes de sectores productivos nacionales.
En las provincias no hay más información sobre los alcances del entendimiento bilateral, como tampoco en varias cámaras comerciales que sondeó este medio. El proyecto de resolución que alista el principal bloque opositor con la firma de sus integrantes reclama, a su vez, que se detallen las metas de implementación de medidas por sectores y que den precisión de fecha tentativa de presentación al Congreso de la Nación y tratamiento de dicho documento.